Un 20% de los habitantes de la toma villa Las Etnias tendría propiedades en otras regiones

Cerca de un 20% de los habitantes de la toma villa Las Etnias ya serían dueños de una propiedad en otras regiones del país, ya sea por concepto de herencia o porque están casados con alguien que obtuvo alguna casa vía subsidio, confirmó el seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo, quien volvió a señalar que el plazo fatal que tienen los habitantes de este asentamiento irregular es hasta el 19 de octubre y que cualquier beneficio estatal se tramitará como dice la ley, sin ningún privilegio.

“Nosotros les dimos un tiempo más que prudente para que se puedan retirar. Esta situación ya se viene sosteniendo por más de 10 años y simplemente ahora el Ministerio está en posición de poder restituir este terreno”, señaló el titular de Vivienda en conversación con La Prensa Austral y reafirmó en horas de la tarde de ayer a través de un comunicado de prensa. “Lo fundamental es que las personas que están de manera ilegal contaminando el jardín infantil, contaminando el Cecosf, contaminando la calle, puedan salir de ahí”.

Guajardo insistió en que al interior de la toma existe una serie de “construcciones que son no acordes a una toma, no acordes a personas que tienen una necesidad de vivienda”, declaraciones que contradicen los argumentos esgrimidos por los pobladores de dicho lugar, quienes aseguran que llevan años intentando obtener el sueño de la casa propia. Durante jornada de ayer, Guajardo sostuvo una reunión con Bernardo Paillacán Briones y Jacinto Castro Murillo, secretario y tesorero, respectivamente, de la organización Comunidad Vecinal Villa Las Etnias, quienes formaron parte del grupo que se manifestó el lunes en la Plaza de Armas, frente al Palacio Montes.

En el encuentro también participaron el jefe del Departamento de Planes y Programas, Atircio Aguilera Burgos; la jefa del Departamento de Operaciones Habitacionales, Isabel Ojeda Saldivia, y profesionales vinculados al cierre de asentamientos precarios.

En la reunión se reiteraron los alcances y plazos del proceso y se explicó que estar incorporado en el catastro de un asentamiento no significa la asignación automática de una vivienda, sino que permite contar con antecedentes para evaluar la situación de cada hogar y orientar las alternativas disponibles.

“Nadie se salta la fila”

“Estar en una toma no entrega prioridad para acceder a una vivienda: nadie se salta la fila. Quienes cumplan con los requisitos podrán postular, de manera individual o colectiva, al igual que cualquier otra familia”, sostuvo Guajardo, insistiendo en que las postulaciones dependerán del puntaje que cada grupo familiar tenga en el Registro Social de Hogares y que varios de los que protestaron fuera de la municipalidad ya se encuentran dentro de una agrupación de vivienda a la espera de acceder a algún subsidio estatal.

El seremi recordó que el uso de la fuerza pública dependerá de si las personas acatan el llamado a retirarse de forma pacífica antes del 19 de octubre.

Además, rechazó la manifestación realizada este lunes por los pobladores fuera del Palacio Montes, exigiendo al alcalde involucrarse para detener esta desocupación. “No funcionamos así”, insistió.

La líder de la toma, Mónica Rivera, asegura que existen dos vías para destrabar el conflicto: una, que se les entregue una solución habitacional definitiva, o que puedan ser dueños de los terrenos que actualmente ocupan. La última salida tendría que venir acompañada de la llegada de servicios básicos.

El anuncio de desalojo de dicho asentamiento se viene gestando desde abril pasado, cuando el ministro Iván Poduje, en conversación con La Prensa Austral y posteriormente en visita a la región, confirmó que esta toma, junto a la contigua denominada Lautaro, iban a ser desalojadas durante ese mes, periodo que se fue corriendo con el paso de los días, hasta establecerse como fecha límite fin de año.

Antes de que finalice septiembre, la contigua toma Lautaro ya se encontrará completamente erradicada. Hoy, varias casas fueron desarmadas y sus habitantes, quienes calificaron, accedieron a subsidios de arriendo. Dicho proceso se ha desarrollado en calma y sin emplear el uso de la fuerza. Se erradicarán 37 familias al finalizar esto.

Las Etnias se encuentra mayoritariamente sobre terrenos pertenecientes a la empresa Salfa y al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). Salfa hace un par de meses presentó una denuncia por ocupación irregular.

El origen del asentamiento se remonta a abril de 2016. En ese momento, un grupo de aproximadamente diez familias, organizadas a través de redes sociales, decidió ocupar un terreno baldío ubicado en la prolongación de calle Enrique Abello. Con el paso de los días, el asentamiento creció hasta alcanzar cerca de 90 familias.

Radonich descarta intervención municipal en desalojo de Las Etnias

Como “sorpresiva” catalogó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, la solicitud de los pobladores de la toma villa Las Etnias de pedir su intervención en el desalojo de este asentamiento ilegal, pronosticado para el próximo 19 de octubre. El jefe comunal recordó que desde el municipio no tiene competencia en el tema, ya que los terrenos en donde está emplazada la toma son propiedad del Serviu y que la salida de estas personas ya era de conocimiento público desde abril, cuando fue anunciado por el ministro de Vivienda, Iván Poduje. “Es una política nacional que se ha dado y es un tema que se ha informado y notificado. Por tanto, ninguna sorpresa”, añadió el jefe comunal.

Radonich sí precisó que “es importante que nadie se salte en la fila por respeto a todas estas familias que han hecho un sacrificio gigante y que están esperando su oportunidad” y que la reapertura de la entidad patrocinante municipal tendrá como prioridad a esos “cientos de familias que se sacan la mugre por pagar su arriendo, que están en grupo”. El alcalde añadió que ellos, como municipio, han tenido que pagar el costo de cerrar un Centro Comunitario de Salud Familiar y que esperan “que esto se pueda resolver pensando en la ciudad”.

Desde el Concejo Municipal, uno de los que alzó la voz fue el concejal Germán Flores, quien dijo comprender la preocupación de los vecinos de la toma, pero que “la municipalidad, por su parte, puede colaborar y orientar dentro de sus atribuciones, pero no tiene competencia para resolver estas materias ni para determinar las condiciones de acceso a soluciones habitacionales”.