Decretan reapertura de la investigación por malversación de caudales públicos en caso Cormupa

A petición del Consejo de Defensa del Estado, la justicia decretó la reapertura de la investigación de la ampliación de la querella que dicho organismo interpuso en enero de este año, y que vino a complementar la de fecha 13 de junio de 2022, “en contra de quienes resulten responsables en calidad de autor, cómplice y/o encubridor, del delito de malversación de caudales públicos”.

La querella se fundamenta en que la Corporación Municipal para la Educación, Salud, y Atención al Menor de Punta Arenas (Cormupa) recibió del Ministerio de Educación el año 2017, en virtud de los convenios celebrados bajo la Ley de Subvención Escolar Preferencial (Sep), recursos fiscales destinados al mejoramiento de la calidad educativa de alumnos prioritarios (en los entonces establecimientos municipales de la comuna), por la cantidad de $3.341.169.102 (tres mil trescientos cuarenta y un millones ciento sesenta y nueve mil ciento dos pesos).

Estos fondos debían mantenerse en una cuenta corriente exclusiva y ser rendidos anualmente ante la autoridad educativa y la Contraloría General de la República.

En el proceso de fiscalización 2018, el ente contralor realizó una auditoria a la Cormupa a fin de determinar la correcta aplicación de estos fondos.

Las conclusiones fueron que durante el ejercicio 2017 el organismo municipal no pudo justificar el destino de $1.124.761.927 (mil ciento veinticuatro millones setecientos sesenta y un mil novecientos veintisiete pesos), “monto faltante en la cuenta corriente exclusiva destinada a los recursos Sep”. “Esta diferencia entre los fondos transferidos por el Ministerio y el saldo bancario disponible reveló una sustracción, configurando presuntamente el delito de malversación de caudales públicos”, según la querella.

A pesar de las observaciones formuladas por la Contraloría, “la Corporación Municipal persistió en incumplimientos contables y rendiciones deficientes durante los ejercicios 2021 y 2022, conforme se acreditó en el sumario administrativo instruido por la Superintendencia de Educación”.

En dicho procedimiento se determinó que la Cormupa no entregó la información ni la documentación bancaria requerida para acreditar la disponibilidad de los saldos de subvenciones Sep y de mantenimiento correspondientes al año 2022. El monto no acreditado ascendió a $665.760.678.

No perseverar

Con fecha 7 de julio de 2026 la fiscal Johanna Irribarra comunicó la decisión del Ministerio Público de no perseverar y, por ende, de aplicar el cierre de la causa, “por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”.

En la audiencia fijada para estos fines, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Marcel Villegas, solicitó la reapertura de la investigación.

El juez Ignacio Low accedió a esto último, pero solo por una de las tres diligencias solicitadas por el querellante, previo a advertir que tuvo la posibilidad de pedirlas al Ministerio Público y no lo hizo, según consta en la tramitación interna del ente persecutor.

Igualmente el juez tuvo presente que el Ministerio Público no dio razones suficientes de por qué no practicaron las diligencias solicitadas y por qué adoptaron la decisión de no perseverar, “sin conocer el resultado de las mismas”.

Por ello el magistrado Ignacio Low Miranda acogió la petición del Consejo de Defensa del Estado, de reabrir la investigación, “con el único objeto de poder realizar la diligencia solicitada por la parte querellante”.

Una vez realizada la misma, explicó el abogado de la Cormupa, Ramón Ibáñez, “se verá si procede el no perseverar en la investigación que solicitó la fiscalía”.