Pobladores de la toma enfrentan el desalojo sin trabajo y piden una mesa con el Serviu

Maritza Pérez está cansada de todas las declaraciones vertidas por las autoridades sobre la toma villa Las Etnias. Acompañada de tres de sus vecinos y con papeles en mano, llegó hasta las dependencias de La Prensa Austral para contar que lleva más de 20 años inscrita en el Servicio de Vivienda y Urbanización para postular al sueño de la casa propia. “Tengo 40% de vulnerabilidad”, asegura Maritza mientras muestra una serie de documentos.

Siente impotencia y rabia. En varias ocasiones durante el transcurso de la conversación declara haber votado por Radonich y apunta a que se “ha desentendido del tema”. Con rabia, añade que el día en que protestaron fuera del Palacio Montes no fueron escuchados por el alcalde, quien les hizo llegar una carta en donde explica que no tiene competencias y que esto debe ser resuelto por el Serviu.

“Imagínese en este tiempo que estamos peleando casi 10 años. Yo ya estaba 10 años arrendando. Cuando yo tomé la decisión, yo no tenía nada”, cuenta al ser consultada sobre por qué decidió instalarse en una toma junto a sus hijos. “Nunca han querido tener un diálogo con nosotros”, insiste Maritza.

Maritza, junto a sus vecinos, son conscientes de que viven en una ocupación irregular, pero piden que el Serviu instale una mesa de trabajo para conseguir la postulación a algún subsidio habitacional o que se realicen los trámites para que puedan adquirir los terrenos. Cuestionan por qué las autoridades no los desalojaron apenas comenzaron a edificar sus casas y que ahora, que tienen todo montado, tendrán que desarmarlo.

Los vecinos de villa Las Etnias fueron notificados el pasado 17 de septiembre de que, a más tardar, debían desalojar estos terrenos ocupados ilegalmente el 19 de octubre o, de lo contrario, se hará uso de la fuerza pública.

“Para nosotros, la verdad, ha sido un balde de agua fría esta noticia, porque, una, que es muy poco el tiempo que nos notifican, nos dan un mes para que nosotros hagamos abandono del lugar”, indicó Marco Cárdenas, otro vecino de este asentamiento irregular. Insiste en que el anterior gobierno los incluyó en el Catastro Nacional de Campamentos y que esto supondría distintas obligaciones que debe cumplir el Serviu si es que los desea desalojar. Ejemplifica que campamentos en la Región de Aysén fueron relocalizados y en otras regiones se otorgaron subsidios. Cárdenas indica que no tiene trabajo y que no tiene los recursos económicos para arrendar; añade que está de manos atadas.

“Hoy día los arriendos están sobre los 500 mil pesos. La mayoría estamos desempleados”, advierte. “Entonces, para nosotros esto es súper fuerte, lo que nos está pasando”, indica Marco Cárdenas.

Agrupación

Los cuatro vecinos insisten en que desde 2023 tienen una agrupación de vivienda, con directiva y sede, y esperan que desde el Serviu puedan revisar caso a caso para saber cuántas de las 90 familias que viven en esta toma pueden acceder a beneficios habitacionales. “Nosotros no estamos esperando que nos regale nada”, añade Cristina Morán, jubilada que reside hace una década en la toma.

“Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, a trabajar con ellos. Pero, al contrario, ahora no recibimos ningún tipo de solución concreta. Nos quieren sacar a la calle”, dice Cristina, quien advierte que se encadenará en la puerta de su casa si la sacan, ya que todo lo que ha edificado en este terreno ocupado irregularmente lo hizo con el retiro del 10% y que tiene hasta un invernadero para poder cultivar verduras y subsistir. “Imagínese que nos ha costado casi 10 años construir lo poco y nada que tenemos y ellos, en un mes, quieren que echemos todo nuestro sacrificio”, insiste Cristina. “Tengo mis arbolitos, tengo mis perros, tengo mi invernadero donde cultivo mi lechuga, mis cosas para mí”, prosigue.

A menos de un mes de que se produzca este desalojo, estos vecinos insisten en que no se quedarán de brazos cruzados y seguirán protestando hasta que las autoridades se sienten a dialogar.

El seremi Rodolfo Guajardo la semana pasada se reunió con Bernardo Paillacán Briones y Jacinto Castro Murillo, secretario y tesorero, respectivamente, de la organización Comunidad Vecinal Villa Las Etnias, quienes formaron parte del grupo que se manifestó el lunes en la Plaza de Armas.

En el encuentro también participaron el jefe del Departamento de Planes y Programas, Atircio Aguilera Burgos; la jefa del Departamento de Operaciones Habitacionales, Isabel Ojeda Saldivia, y profesionales vinculados al cierre de asentamientos precarios.

En la reunión se reiteraron los alcances y plazos del proceso y se explicó que estar incorporado en el catastro de un asentamiento no significa la asignación automática de una vivienda, sino que permite contar con antecedentes para evaluar la situación de cada hogar y orientar las alternativas disponibles.

“Estar en una toma no entrega prioridad para acceder a una vivienda: nadie se salta la fila. Quienes cumplan con los requisitos podrán postular, de manera individual o colectiva, al igual que cualquier otra familia”, sostuvo Guajardo en aquella ocasión.