Venta de “loteos brujos”: nueva formalización por presunta estafa enfrenta abogado Marcos Ibacache Cortés

Por el delito de estafa fueron formalizadas este viernes cuatro personas en el Centro de Justicia, imputándoles un total de 12 hechos, con diferentes víctimas, en la llamada “venta de loteos brujos”.

El Ministerio Público agrupó algunas querellas, todas del mismo tenor, y ayer imputó responsabilidad por estos hechos a Angel Millán Mancilla, Nélida Millán Mancilla, Roberto Carrillo Barría y el abogado Marcos Ibacache Cortés. Para otras dos personas de esta causa se fijó nuevo día y hora de formalización.

Para el cierre de esta investigación se determinó un plazo de 120 días. Y todos quedaron con prohibición de salir del país, como medida cautelar.

Uno de los querellantes, el abogado Alejandro Hijerra, dijo que en septiembre del año pasado interpuso una acción judicial por una clienta suya que denunció haber sido víctima de la venta engañosa de un terreno en el sector de Agua Fresca.

“En febrero del año 2022 mi representada estaba interesada en invertir su dinero en un terreno ubicado en el sector sur de Punta Arenas. Para realizar dicha operación, mi representada tomó contacto con el abogado Marcos Ibacache, que en esa época actuaba como representante del señor Angel Custodio Millán. Se llegó a un acuerdo para celebrar un contrato de promesa de compraventa sobre un terreno ubicado en el sector Cerro Campana, detrás del Fundo San Fernando, en el kilómetro 41 sur”.

A la mujer se le indicó que debía pagar 8 millones de pesos por un terreno que tendría una extensión de 5.000 metros cuadrados.

“Con Angel Custodio Millán Mancilla mi clienta celebró un contrato privado de promesa de compraventa ante la notaría de Pablo Valenzuela Pérez, en el cual este último se obligaba a vender, ceder y transferir el Lote Nº302, con una extensión de 5.000 metros cuadrados, por 8 millones de pesos, los cuales fueron pagados en el momento de la celebración del contrato”.

Hijerra añadió que “lo que se reprocha acá como estafa es que Angel Millán, quien actúa como persona que celebra el contrato de promesa, no era el propietario del 100% de este terreno, sino que era un dueño de una cuota social. Esta persona tenía una mínima porción o participación dentro de la Sociedad Arturo Millán y Compañía Limitada. En ese sentido él se autorrefería como dueño del terreno, situación que no era efectiva”.

“Además, de acuerdo al Servicio Agrícola y Ganadero, era un terreno de carácter agrícola, que estaba protegido por la Ley de Bosques. En consecuencia no podía ser objeto de loteo o subdivisión, ya que nunca existió permiso a autorización del Sag para eso”.

El abogado sostuvo que han reiterado la devolución de los dineros pagados, pero que a su representada le devolvieron sólo 3 millones de pesos, restando los 5 millones de pesos restantes.

La fiscal Rina Blanco solicitó audiencia de formalización para los imputados por estafas y otras defraudaciones contra particulares; y delitos que contempla la Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL 458) en relación con la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, en calidad de reiterados y consumados, perpetrados durante los años 2022 y 2023.