Embargan más de $239 millones de las cuentas de la Cormunat por deudas previsionales

Más de $239 millones fueron embargados de las cuentas corrientes de la Corporación Municipal de Natales por un receptor judicial el pasado 28 de septiembre, en el marco de una serie de cuasas judiciales por deudas con entidades previsionales que mantiene dicho organismo.

El embargo fue ejecutado sobre las cuentas que la Corporación Municipal de Natales mantiene en el Banco Santander y fue informado al Concejo Municipal el lunes recién pasado por la alcaldesa Ana Mayorga, quien estuvo acompañada por el asesor jurídico de la Cormunat, Ricardo Cárdenas. Según detalló la autoridad comunal, el embargo también incluiría deudas contraídas por la corporación con otras AFP, isapres y la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

Entre los montos descontados se encontrarían los demandados por AFP PlanVital, entidad que presentó en 2023 una demanda de cobranza previsional. Según informó La Prensa Austral a comienzos de este año, la acción judicial se originó a partir de una deuda inicial de $3,6 millones, monto que aumentó progresivamente debido a la acumulación de nuevas causas y sucesivas liquidaciones. Así, en mayo de 2025, la deuda alcanzó un total de $197.214.183, considerando capital, reajustes, intereses y recargos legales.

Cabe recordar que en 2024 treinta y tres docentes y asistentes de la educación presentaron una querella en contra de la exalcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo Alvarado, por haber retenido sus cotizaciones previsionales y de salud sin enterarlas en las instituciones correspondientes.

El origen de las deudas

El asesor jurídico de la Cormunat sostuvo que el origen del problema se remonta al traspaso de la educación pública. Hasta el 1 de enero de 2024, la corporación administraba la educación comunal. A partir de esa fecha, el sistema pasó al SLEP Magallanes y la ley que creó esta nueva institucionalidad estableció que el sostenedor anterior debía hacerse cargo de las deudas generadas durante su administración, las que no serían traspasadas al nuevo servicio.

Según explicó Cárdenas, la misma normativa estableció un mecanismo destinado a evitar que los municipios quedaran financieramente asfixiados por estas obligaciones. Para ello, se realiza un catastro de los trabajadores a quienes se adeudaban cotizaciones previsionales, AFP, AFC, salud y cajas de compensación, mientras que la Subsecretaría de Educación financia el pago de estas deudas mediante un protocolo interno.

Dicho protocolo fue definido en 2025 y comenzó a implementarse durante la primera mitad de 2026. Se trata de obligaciones correspondientes a 2022 y 2023 que, antes del traspaso de la educación, bordeaban los $1.700 millones y que actualmente, debido a intereses y reajustes, alcanzarían unos $2.200 millones. Estos recursos serían descontados del Fondo Común Municipal.

Notificación de pago

En julio, la Municipalidad de Natales recibió un oficio del Ministerio de Educación en el que se informaba el pago de poco más de $1.900 millones a las distintas instituciones previsionales. “Nos dejaba respirando bastante tranquilos”, señaló la alcaldesa Ana Mayorga, quien aseguró que por este motivo el embargo la tomó por sorpresa.

Cárdenas explicó que, junto con el proceso de cobro administrativo, existían causas judiciales paralelas. Las instituciones previsionales que recibieron los pagos debían informar al tribunal correspondiente para que se dieran de baja las demandas. Según el abogado, AFP Uno cumplió con este procedimiento y se desistió de la acción durante 2026, pero otras instituciones no lo hicieron.

Falta de respuesta

Además, indicó que la Cormunat solicitó reiteradamente, mediante oficios, los comprobantes que acreditaran el pago de las obligaciones, sin recibir respuesta de la Superintendencia de Seguridad Social ni de la Subsecretaría de Educación.

Posteriormente, una de las AFP demandantes solicitó información sobre las cuentas de la corporación y procedió al embargo. Entre los recursos retenidos se encuentran fondos correspondientes al cementerio, a los Programas de Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud (PRAPS) y a la administración central.

Los recursos de los PRAPS deben ser rendidos al 31 de diciembre, por lo que, de no recuperarse oportunamente, podrían tener que ser restituidos.

Informe al tribunal

La Cormunat informó al tribunal las resoluciones administrativas que autorizaron los pagos y acompañó los respectivos comprobantes de transferencia. Cárdenas sostuvo que las AFP no formularon observaciones cuando se presentaron estos antecedentes y que ahora se encuentran dentro del plazo para efectuar sus descargos.

A juicio del asesor jurídico, “lo más seguro” es que el tribunal ordene levantar el embargo y restituir los dineros retenidos.