Gobierno evalúa proyecto para frenar rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores

El gobierno evalúa presentar un proyecto de ley para impedir que condenados por delitos sexuales contra menores de edad accedan a rebajas de penas, luego de la controversia generada por los 56 decretos firmados por el Ministerio de Justicia desde el 11 de marzo que concedieron este beneficio. La iniciativa buscaría cerrar vacíos legales, aunque desde La Moneda advierten que cualquier cambio debe respetar el principio constitucional de irretroactividad de la ley penal.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió las resoluciones argumentando que se ajustan a la Constitución y a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Según explicó, la reforma legal de 2022 excluyó a los condenados por delitos sexuales contra menores de estos beneficios, pero no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de quienes solicitaron las rebajas bajo la normativa anterior.

“Lo que ha hecho el Ministerio de Justicia es recoger el principio constitucional que está establecido en el artículo 19, número 3, y también se ha fundado en la jurisprudencia existente”, sostuvo el secretario de Estado, quien calificó como “bastante generalizada” la interpretación judicial que ha acogido recursos de amparo en estos casos.

Rabat afirmó que durante el gobierno anterior también se dictaron más de 275 resoluciones administrativas relacionadas con beneficios de esta naturaleza y valoró los proyectos anunciados por parlamentarios para corregir el problema legal. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, evitó confirmar la existencia de un criterio generalizado y señaló que sería necesario analizar las sentencias caso a caso.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, informó que legisladores de distintos sectores ingresaron una iniciativa para impedir que estos condenados accedan a beneficios. El Ejecutivo revisará esa propuesta para determinar si la patrocina, la fusiona con su propio proyecto o presenta indicaciones, siempre que las disposiciones no vulneren la Constitución y puedan superar un eventual control del Tribunal Constitucional.

En paralelo, diputadas de la UDI solicitaron al gobierno evaluar la viabilidad jurídica de revocar los 56 decretos ya concedidos. La jefa de bancada, Flor Weisse, junto con Marlene Pérez, Natalia Romero, Macarena Santelices, Alejandra Valdebenito y Ximena Naranjo, anunció además un proyecto que permitiría aplicar excepcionalmente de manera retroactiva la restricción aprobada en 2022. Las parlamentarias compararon la situación con la revocación de 27 pensiones de gracia durante la administración anterior, aunque reconocieron que se trata de casos jurídicamente distintos.

Desde el Ejecutivo, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, defendió la prioridad gubernamental en la protección de la infancia y aseguró que existe disposición a impulsar cambios legislativos.

La secretaria de Estado adelantó que este viernes se presentará un proyecto del Plan Chile Cuida a los Niños, trabajado durante meses, que busca fortalecer la prevención y protección frente a la explotación sexual en residencias. La iniciativa contempla mayores atribuciones y una respuesta más oportuna de los municipios para proteger a niños, niñas y adolescentes, especialmente a quienes permanecen bajo cuidado del sistema de protección especializada.