Una deuda ética con la dignidad

El desalojo de las familias que viven en la toma villa Las Etnias tiene una arista ética que el obispo de la diócesis resaltó, al plantear que la permanencia durante una década de estos grupos familiares en terrenos privados y del Serviu no representa únicamente un problema de ordenamiento urbano o vivienda. Constituye -según el prelado- una “deuda ética que no podemos seguir naturalizando”.

En su carta titulada “Una deuda con la dignidad: mirar de frente la realidad habitacional”, monseñor Oscar Blanco Martínez puso el foco en la inacción institucional de las autoridades que han dejado transcurrir diez años bajo distintos gobiernos sin ofrecer soluciones concretas.

El cuestionamiento central de la autoridad eclesiástica apunta directamente a la gestión pública. En el caso de villa Las Etnias, el obispo señala que pareció primar el cálculo del costo político o la intención deliberada de delegar el problema al gobierno siguiente, en lugar de actuar con responsabilidad de Estado. Esta actitud ha puesto de manifiesto severas falencias en las políticas públicas y una incapacidad estatal para prevenir e intervenir de manera oportuna frente al crecimiento de tomas y campamentos.

Mientras la respuesta política se posterga, el costo humano lo asumen las familias afectadas: durante diez años, niños han crecido y adultos han envejecido en la incertidumbre, destinando sus escasos recursos a cubrir necesidades básicas de subsistencia. Esta postergación prolongada no solo vulnera la dignidad de quienes habitan el asentamiento, sino que además deteriora el entorno y el tejido social de los vecinos del sector. Ante esta realidad, monseñor Blanco dijo que cobra plena vigencia la máxima de San Juan Pablo II: “Los pobres no pueden esperar”.

Si bien el obispo de Punta Arenas enfatiza que las ocupaciones ilegales no constituyen una vía legítima para acceder a la vivienda ni para edificar una convivencia comunitaria armoniosa, advierte que la respuesta del Estado no puede reducirse a ejecutar desalojos que profundizan la tensión institucional y el drama social.

El prelado hace ver que se requiere voluntad política, escucha, diálogo y una acción pública preventiva capaz de brindar respuestas dignas, viables y justas antes de que las crisis se consoliden.

Una vez más estamos ante un Estado inactivo y ante la indolencia de nuestras autoridades, parlamentarios y políticos, quienes, como lo denuncia el obispo, optaron por mirar hacia el lado y eludir tomar medidas oportunas esperando que sean otros los que se hagan cargo del problema y paguen los costos políticos de aquello.