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De izquierda a derecha repudian rebaja de condena a violador y Delegada Farías evita pronunciarse

Miércoles 28 de Octubre del 2026

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Repudio e indignación en el mundo político, de izquierda a derecha, causó la firma del subsecretario de Justicia, Luis Silva, de una rebaja de 18 meses en la pena de Jorge Alejandro Silva Ovando, sentenciado en Punta Arenas a 15 años y un día de cárcel por violar y abusar sexualmente de una niña durante ocho años.

La reacción del Gobierno de José Antonio Kast ha sido distinta hasta el momento a nivel regional. Fuentes consultadas en la Delegación Presidencial aseguraron que la delegada Ericka Farías no se referirá al tema.

“El silencio de las autoridades regionales es inaceptable. El Gobierno debe hacerse cargo del drama y el dolor provocado a las víctimas. La decisión tomada pudo ser totalmente diferente”, señaló el senador Karim Bianchi.

El parlamentario sostuvo que las autoridades del Ministerio de Justicia “infringieron la ley al dictar decretos de rebaja de penas para condenados por abusos y violaciones contra niños, niñas y adolescentes, un grupo que normativamente se encuentra excluido de estos beneficios carcelarios generales por buen comportamiento”, argumentó.

El gobernador regional, Jorge Flies, por su parte, insistió en que la libertad de este tipo de personas representa “un riesgo altísimo” y cuestionó el silencio de la Delegación Presidencial.

“Lo dijo el Presidente, se equivocaron. Eso es lo que entendí yo del discurso del Presidente y hay un compromiso del nivel central de modificar y arreglar esto. Independientemente de que el error político ya está hecho, el de seguir la corriente administrativa, y si el Presidente ha sido capaz de reconocer el error, no veo que esté de más acá decir que es un tema que el Gobierno asume”, señaló.

El consejero regional militante del Partido Republicano, Robert Weissohn, sostuvo que “aunque sostengan que jurídicamente no tenían alternativa, eso no los exime automáticamente de toda responsabilidad. Deberían explicar quién evaluó los antecedentes, quién recomendó otorgar el beneficio y qué posibilidades legales existían para impedirlo”.

En tanto, el consejero regional de derecha Rodolfo Arecheta añadió que “es lamentable que este tremendo error salpique a Magallanes. Lo siento profundamente por la víctima. En términos políticos, no veo otra salida más que la renuncia del ministro y de los responsables”.

 

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