“El respeto a la legalidad y el respeto a los derechos humanos no son objetivos contrapuestos”

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sigue desde abril el proceso de desalojo de la toma de villa Las Etnias y aún espera que el Serviu le entregue el catastro de las familias que viven en el terreno, información que considera indispensable para evaluar cómo afectará la medida a niños, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad.

Así lo señaló su director regional, Cristián Figueroa, quien valoró el nuevo plazo fijado por el Ministerio de Vivienda y el diálogo abierto con los pobladores en los últimos días. “El respeto a la legalidad y el respeto a los derechos humanos no son objetivos contrapuestos, deben avanzar de manera conjunta”, afirmó.

Como informó este medio, el lunes el seremi de Vivienda, Rodolfo Guajardo, extendió hasta el 15 de noviembre el plazo para que las familias abandonen de forma voluntaria el terreno del Serviu, ubicado al norponiente de villa Cardenal Raúl Silva Henríquez, tras reunirse con la dirigenta de la toma, Mónica Rivera. Ese mismo día vencía el plazo fijado en septiembre, a partir del cual la autoridad podía recurrir a la fuerza pública. Según el Serviu, más de 20 familias ya se retiraron y 63 permanecen en el lugar.

Oficios desde abril

Figueroa explicó que el INDH comenzó a seguir el caso en abril, cuando familias de la toma acudieron a su sede regional, luego de que en marzo el Ministerio de Vivienda confirmara el desalojo. Desde entonces ha solicitado antecedentes al Serviu, a la Municipalidad, a la Delegación Presidencial y al Ministerio de Desarrollo Social, y ha entregado orientación jurídica a las dirigentas. También acompañó el recurso de protección que los pobladores presentaron con un abogado particular y que la Corte de Apelaciones rechazó.

El director aclaró que el Instituto reconoce que el terreno pertenece al Serviu, que existe una resolución que ordena su restitución y que el sector fue declarado zona de riesgo. “No estamos tratando de impedir que el Estado ejerza sus facultades, sino más bien de contribuir a que las ejerza de manera responsable, que sea proporcional y respetuosa de la dignidad humana”, sostuvo.

Antes del plazo original, el INDH recomendó a las autoridades avisar a todas las personas con tiempo suficiente, difundir la información de forma eficaz, fijar plazos razonables, entregar asesoría jurídica y realizar audiencias públicas. A juicio de Figueroa, en el último acuerdo se recogieron algunas de esas recomendaciones.

Un catastro pendiente

Según el director, las autoridades le informaron que se está catastrando a las familias, que se evalúan subsidios de arriendo y que se orienta a los pobladores, organizados como comité, para postular a una solución habitacional. Sin embargo, aunque el Serviu ya ha difundido cifras de sus catastros, el INDH aún no recibe ese registro. “El catastro lo estamos esperando, el Serviu no nos ha remitido”, dijo. En octubre, el instituto pidió formalmente al servicio que informe si esos catastros existen y si se acogieron sus recomendaciones.

Figueroa insistió en que cada caso debe revisarse por separado, porque no todas las familias enfrentan la situación de la misma manera. El viernes pasado, el INDH se reunió con los pobladores en la sede social de la toma. “Vimos que hay casos que son muy dramáticos, personas mayores, hay niños”, relató. Agregó que hay personas sin condiciones mínimas de agua potable, electricidad ni vivienda. El Instituto, además, se coordina con la Defensoría de la Niñez, que también observa la situación de los niños y niñas del lugar.

Observación del desalojo

El director anunció que el INDH observará el eventual desalojo y que ha pedido que el uso de la fuerza sea proporcional y racional, y que no se realice de noche ni con mal tiempo. Según dijo, Carabineros le planteó que también busca que el proceso sea lo más pacífico posible. Después de la salida, agregó, las familias deben recibir orientación jurídica e ingresar a los programas del Ministerio de Vivienda.

Sobre el giro de la autoridad, que optó por dar más plazo, Figueroa sostuvo que la intervención de organismos como el INDH y el Obispado “por supuesto que ayudan”, y destacó la reunión de la dirigenta con las autoridades de Vivienda. “Nadie de esas familias está pidiendo que se les priorice”, subrayó. Lo que buscan, explicó, es postular a una vivienda como cualquier ciudadano.