Gendarmería advirtió “riesgo de reincidencia de nivel alto” en condenado por violación que salió por rebaja de pena

Lucas Ulloa Intveen

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Dos años antes de que el Ministerio de Justicia le rebajara 18 meses de condena, Gendarmería en Magallanes había advertido que Jorge Alejandro Silva Ovando, condenado por violar y abusar sexualmente de una niña durante ocho años, presentaba un “riesgo de reincidencia de nivel alto”. Con ese informe, la Comisión de Libertad Condicional de Punta Arenas le denegó en 2023, 2024, 2025 y 2026 la salida anticipada. Todas estas resoluciones terminaron siendo impugnadas vía recursos de amparo ante las Cortes de Apelaciones y Suprema respectivamente, sin que estos prosperaran.

En el recurso de amparo de 2024, presentado por la defensora penal público penitenciario, Priscilla Vásquez, la Comisión de Libertad Condicional fundó su rechazo en el informe de postulación psicosocial de Gendarmería, que advertía ese nivel de riesgo, “con necesidades altas de intervenir en las áreas actitud/orientación procriminal y familia/pareja”. Entre sus características “con potencial criminógeno”, el informe mencionó “deficientes herramientas para la resolución de conflictos y habilidades de autocontrol”.

Como informó este medio, el Ministerio de Justicia rebajó 18 meses su pena mediante un decreto reservado y fijó el término de su condena el 9 de septiembre de 2026, en vez del 9 de marzo de 2028. Según el seremi de Justicia, Cristóbal Fernández, es el único caso de Magallanes entre las 56 rebajas otorgadas en este gobierno a condenados por delitos sexuales contra menores.

Dos comisiones

La libertad condicional y la reducción de condena son beneficios distintos, evaluados por comisiones diferentes. La primera exige, además de un tiempo mínimo y buena conducta, un informe psicosocial de Gendarmería sobre los avances en la reinserción. La segunda premia el comportamiento sobresaliente en estudio, trabajo y conducta.

Consultado por los informes de riesgo de reincidencia de Gendarmería, que en otros casos del país advertían alto riesgo, el seremi Fernández explicó que esos informes llegan a la Comisión de Reducción de Condena. Pero precisó que hay que separar ese proceso del de libertad condicional: una persona puede tener un informe desfavorable para la libertad condicional por su riesgo de reincidencia y, aun así, ser evaluada por la comisión de reducción, que revisa “otros elementos objetivos establecidos en la ley”. Esa comisión, sostuvo, no actúa de manera discrecional, sino con “parámetros objetivos legales”.

La versión de la defensa

La Defensoría Penal Penitenciaria sostuvo que el rechazo de la libertad condicional fue arbitrario, porque Silva Ovando cumplía el tiempo mínimo y mantenía conducta intachable. Según el recurso, la ley exige un informe que oriente sobre los factores de reincidencia, no uno favorable, y la opinión de los peritos no puede reemplazar la decisión de la comisión.

En septiembre pasado, según el decreto de rebaja, Silva Ovando seguía recluido en el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Punta Arenas. El caso coincide con lo revelado por T13, que accedió a peritajes de Gendarmería según los cuales varios de los beneficiados con rebajas a nivel nacional presentaban “alto riesgo de reincidencia”.

El historial de Silva Ovando

El recurso de la Defensoría Penitenciaria traza un perfil de Silva Ovando durante su condena. Antes de ser detenido, en marzo de 2013, trabajaba como chofer de camiones, en jardinería, en la pesca y en la empresa Impex. Había estudiado hasta quinto básico, que dejó por falta de recursos, y luego cursó séptimo y octavo en un centro de educación de adultos.

Según el informe, en prisión comenzó a trabajar en el aseo a los cinco días de su ingreso. Luego fue cocinero del casino de los internos durante tres años y medio, bodeguero durante un año y medio y trabajó dos años en el casino de oficiales. En 2014 terminó la enseñanza media y se presentó a rendir la PSU. Desde junio de 2019 estaba en el CET semiabierto, en el taller de mecánica automotriz.

Hizo cursos de contabilidad, cocina internacional, panadería y pastelería, computación y mecánica, y recibió un reconocimiento de la empresa Salfa por su trabajo. Su defensa destacó que no tenía sanciones ni faltas. En 2024 contaba con permisos de salida de 7 a 19 horas, dos veces al mes.

Desde octubre de 2022, más de nueve años después de su detención, participaba en intervenciones individuales semanales y había sido incorporado al Programa de Ofensores Sexuales.

Para su salida tenía planes concretos: trabajar como operador de maquinaria, camionero o pescador artesanal. Para esto último, según el documento, contaba con los fondos de su retiro del 10% de sus ahorros previsionales, un bote, materiales de pesca y licencia de pescador artesanal. En lo familiar, su expectativa era retomar los vínculos con su grupo familiar, el mismo ámbito que el informe de Gendarmería identificaba como de alta necesidad de intervención.