Oficios y pedidos de renuncia marcan reacción parlamentaria por rebajas de condenas

Tres de los cinco parlamentarios de Magallanes consultados por La Prensa Austral reaccionaron a la rebaja de 18 meses en la condena de Jorge Alejandro Silva Ovando, sentenciado a 15 años y un día por violar y abusar de una niña. Las respuestas se centraron en oficios y solicitudes de renuncia.

Silva Ovando es parte de las 56 rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores otorgadas entre marzo y septiembre. El gobierno del presidente José Antonio Kast reconoció que fueron un “error”. El decreto sostiene que el Ministerio estaba “jurídicamente impedido de rechazar el beneficio”, por la jurisprudencia de la Corte Suprema que impide aplicar la exclusión de 2022 a hechos anteriores.

La diputada Javiera Morales informó que ofició para conocer el informe de Gendarmería sobre el condenado. Con ello busca determinar “el riesgo que significa este delincuente para la víctima, su familia y toda nuestra región”. La parlamentaria afirmó que hoy “anda suelto en las calles de Punta Arenas un violador de una niña” y acusó al ministro de desconocer sus errores y no asumir su responsabilidad política. También criticó al Presidente por no “dar la pelea en Tribunales”.

“Todos deben renunciar”, dijo el senador independiente Karim Bianchi. Argumentó que el Ministerio infringió la ley al dictar decretos de rebaja para condenados por delitos sexuales contra menores, grupo excluido del beneficio por la Ley N°21.421, vigente desde el 9 de febrero de 2022. Sostuvo que ninguno de los decretos se dictó en cumplimiento de una sentencia judicial y que el propio texto alude a evitar “la judicialización innecesaria de materias ya resueltas”.

Bianchi añadió que la reducción de pena “es un beneficio, no un derecho adquirido”, por lo que la ley debía aplicarse aun a delitos anteriores a su vigencia, como lo ha resuelto el máximo tribunal en otros fallos de este año. Planteó, además, que el Ministerio se atribuyó facultades que no tiene, pues, según el artículo 3 del Código Civil, interpretar la ley con fuerza obligatoria corresponde al legislador.

El diputado independiente Carlos Bianchi afirmó que “no basta con corregir el procedimiento ni asumir los errores” y que “el ministro de Justicia debe renunciar”. Anticipó que, tras la exposición del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en la Cámara de Diputados, vendría una acusación constitucional. A su juicio, el gobierno estaría “midiendo el sacarlo”, aunque el Presidente lo respalde.

“Debemos a futuro corregir aquellos errores que hoy día han llevado a que se libere a personas que han provocado un tremendo daño a menores de edad”, cerró Bianchi Chelech.