“Yo creo que ni renunciando ni cambiando a la gente de sus puestos van a calmar esa rabia, esa impotencia que uno siente”

• – Durante ocho años sufrió abusos sexuales de quien era la pareja de su madre. Tras más de una década intentando reconstruir su vida,la noticia de que Jorge Silva Ovando quedó libre volvió a abrir una herida que creía superada. Hoy pide que vuelva a prisión.

Marcos Sepúlveda Loyola

La tarde del miércoles, cuando llegó a su trabajo, se enteró, a través de su jefatura directa, de que el hombre que abusó de ella durante ocho años, su padrastro, esta libre. Su jefa no tenía idea de que ella desconocía que este caso había sido portada ese día de La Prensa Austral y que era uno de los temas más comentados de la jornada en la ciudad. Cuenta que casi se desmaya, a tal punto que su hermana tuvo que ir a buscarla. “Casi me desmayé del hecho de saberlo, aunque me invadió el miedo”, relata la denunciante de Jorge Silva Ovando, condenado a 15 años y un día de cárcel por abusar y violar a una menor de edad en 2013, y quien fue uno de los 56 beneficiados por los decretos de rebaja de penas firmados por las autoridades del Ministerio de Justicia, en este caso por el recién removido subsecretario Luis Silva, en calidad de ministro subrogante, el pasado 8 de septiembre.

La víctima, a quien, por motivos de resguardo de su identidad, llamaremos María, conversó con este semanario durante más de una hora, instancia en la que contó la rabia y frustración que siente contra las autoridades que decidieron firmar este decreto, que rebajó en 18 meses la condena de este agresor sexual. “Decidí hablar porque nunca pude hablar con nadie de esto”, indicó, con la esperanza de que sus palabras sirvan de advertencia para que lo vivido por ella “no le vaya a pasar a nadie más”. “A mí me arruinaron mi infancia. Nunca tuve una vida adolescente normal (…) Lo que me pasó a mí, yo no se lo recomiendo a nadie”, cuenta esta sobreviviente de años de agresiones sexuales reiteradas.

“Llegué a mi casa, me encerré, lloré hasta que me dormía”, señala. El miedo fue abrumador, relata. Después de más de una década de ocurridos los hechos, volvió a sentir temor de salir a la calle y a sentirse “perseguida”, y todo lo avanzado para cerrar esta herida volvió a fojas cero.

Nadie la contactó. “Fue un error tremendo no haber hablado antes con las víctimas”, señala, reconociendo que solo este medio la buscó. Hasta hoy, dice, ninguna autoridad se ha comunicado con ella. “Ustedes han sido los únicos que me contactaron y que me buscaron para que yo pudiera hablar. Sacaron mi voz para que la escuche todo el mundo”, indica. Se enteró 49 días después de la liberación.

Su caso forma parte de las 56 rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad (27 por abuso sexual y 29 por violación), determinación que el propio gobierno reconoció como un “error”. Estos decretos se firmaron entre marzo y septiembre de 2026, en su gran mayoría por el ministro de Justicia, Fernando Rabat; otros fueron revisados se firmaron entre marzo y septiembre de 2026, en su gran mayoría por el ministro de Justicia, Fernando Rabat; otros fueron revisados por los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira. La polémica fue destapada por el medio digital Interferencia.cl.

Un balde de agua fría

“Para mí fue como un balde de agua fría, porque sentí que lo había, entre comillas, superado”, relata María, nombre ficticio utilizado para facilitar la lectura. Siente que retrocedió: volvió a tomar pastillas para conciliar el sueño, retomó las citas con psicólogos y regresaron las pesadillas y la rabia contra su progenitora, quien no le creyó cuando denunció y siempre defendió al agresor sexual.

“Para mí es lo más aberrante. Yo no sé qué pasará por la cabeza de ella para apoyar semejante aberración. Eso es lo que más me duele”, recuerda en conversación con El Magallanes.

“Esto a mí me dejó muy mal. Y ni el gobierno ni nadie sabe de esto”, cuenta. Agrega que nadie sabe lo que siente una víctima ni el daño que las autoridades del Ministerio de Justicia le causaron. “Esto me va a perseguir toda la vida”, afirma. “Yo creo que ni renunciando ni cambiando a la gente de sus puestos van a calmar esa rabia, esa impotencia que uno siente. Porque, al final, el daño ya está hecho”, reclama con impotencia. Para ella, la única alternativa viable es que Jorge Silva Ovando vuelva tras las rejas. “Él no debió salir nunca”, sentencia, y dice que espera que no le haga lo mismo a otra niña.

Se pregunta, además, de qué sirvió la opinión de Gendarmería y de los profesionales que trabajan con estos reos: dice que “hay gente que no cambia” y que a veces solo aparenta hacerlo por querer la libertad. Acusa a las autoridades de no haberse puesto nunca en el lugar de las víctimas.

Esta rabia contrasta con el alivio que sintió en octubre de 2013, cuando Silva Ovando fue condenado. “Dije, ya, por fin, esto se acabó. Voy a poder estar tranquila”, evoca.

En su proceso de reparación encontró en varias personas la ayuda necesaria para salir adelante, como en las profesoras de su liceo, que le compraban ropa, y en su hermana, a quien considera, a estas alturas, como “una madre”. Ella no la dejó caer e insistió en que terminara sus estudios, comenzara a trabajar y reconstruyera su vida.

En el camino, rehízo su vida y formó una familia. Pese al miedo y la rabia, señala que esta situación la hará decaer, pero tiene una “razón muy fuerte para salir adelante”.

“indaguen un poco más, solo quienes fueron víctimas saben lo mal que se siente”, es el llamado que realiza a las autoridades del Gobierno de José Antonio Kast que tomaron la determinación de firmar el decreto que liberó a Jorge Silva Ovando.

Si eres víctima o conoces un caso de abuso sexual infantil, denuncia. Puedes llamar a Carabineros al 133, a la PDI al 134 o al Fono Denuncia Seguro 600 400 0101.

Silva Ovando quedó en libertad

Jorge Silva Ovando quedó en libertad el pasado 9 de septiembre, tras la firma de un decreto por parte del entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva, el día anterior, mediante el cual se le rebajó en 18 meses la condena por abuso sexual y violación de una menor de edad, delitos cometidos entre 2003 y 2012, cuando la víctima tenía entre 8 y 16 años. Su condena debía terminar el 9 de marzo de 2028. Los hechos ocurrieron en un contexto intrafamiliar, puertas adentro Era la pareja de la madre de la niña, su padrastro, y vivía con ella en el hogar familiar.

Según se expuso durante el juicio, el condenado recurrió a la fuerza y las amenazas para mantener ocultos los abusos.

Su postulación fue enviada al Ministerio de Justicia el 30 de junio de 2026 por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia de Magallanes, encabezada por el seremi Cristóbal Fernández.

El Magallanes accedió al decreto exento N°3.143, de carácter reservado, fechado el 8 de septiembre y firmado por el subsecretario de Justicia, en el que se justifica la rebaja de la pena señalando que, “sin perjuicio de la especial gravedad que reviste la comisión de esta clase de delitos, esta cartera de Estado se encuentra jurídicamente impedida de rechazar el beneficio”.

La Ley N°19.856 permite reducir las penas de los reos que mantienen una conducta sobresaliente. En febrero de 2022, la Ley N°21.421 excluyó de este beneficio a los condenados por delitos sexuales contra menores. Sin embargo, el decreto sostiene que, según la “interpretación mayoritaria y reiterada” de la Corte Suprema, esa ley tiene carácter penal y no puede aplicarse a hechos ocurridos antes del 9 de febrero de 2022.

La resolución exenta citó cinco fallos del máximo tribunal que acogieron recursos de amparo. Añade que actuar conforme a esa jurisprudencia evita “la judicialización innecesaria de materias ya resueltas”.

Sin embargo, la jurisprudencia no es uniforme, ya que  a comienzos de este año la Corte Suprema rechazó el amparo de otro condenado por delitos sexuales contra menores, argumentando que la ley de reducción de condenas concede un beneficio y no establece un derecho.

Silva Ovando fue formalizado el 8 de marzo de 2013 por cuatro hechos de violación impropia reiterada, cometidos cuando la víctima tenía menos de 14 años. La investigación se había iniciado en mayo de 2012, luego de que la niña revelara los abusos a una profesora, quien puso los antecedentes en conocimiento de una hermana de la víctima. Ambas realizaron la denuncia. Siete meses después, en octubre de ese año, enfrentó un juicio oral que determinó una condena de 15 años y un día de presidio.