Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay por crisis del Ueno Bank

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves su renuncia al cargo en medio de la crisis desatada por la intervención y disolución del Ueno Bank, cuyos efectos amenazaban con provocar una profunda crisis política y financiera en el país. Su decisión se produjo horas antes de que el Congreso debatiera un pedido de juicio político en su contra, que contaba incluso con el respaldo de su propio partido.

” He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”, anunció Peña mediante un video difundido en su cuenta de la red social X. En su mensaje, sostuvo que buscaba preservar la estabilidad, la paz social y las instituciones democráticas, además de pedir disculpas a la ciudadanía si había defraudado la confianza depositada en su gestión.

El golpe político definitivo llegó desde la Asociación Nacional Republicana (ANR), Partido Colorado, cuyo presidente y expresidente paraguayo, Horacio Cartes, anunció que la colectividad respaldaría la acusación constitucional. Cartes había impulsado la candidatura de Peña en las elecciones de 2023 y mantiene el control de la estructura partidaria.

El libelo acusatorio, presentado por diputados opositores y disidentes del oficialismo, reunió 35 firmas e incluía también al vicepresidente Pedro Alliana. Para avanzar al Senado necesitaba 53 votos de los 80 integrantes de la Cámara de Diputados, mientras que la destitución requería posteriormente el respaldo de 30 de los 45 senadores.

La crisis se originó el martes, cuando el Banco Central de Paraguay ordenó intervenir y disolver Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. La entidad concentraba cerca de 2,9 millones de clientes, en un país de 6,1 millones de habitantes, y administraba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social.

El cierre provocó largas filas de ahorristas en las sucursales y manifestaciones en Asunción. Frente a esta situación, el Congreso aprobó una ley de emergencia que permite anticipar hasta 40 salarios mínimos mensuales por depositante, equivalentes a unos 19.787 dólares, en un plazo máximo de cinco días hábiles.

En paralelo, la Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras vinculadas a préstamos y sobregiros concedidos a empresas del mismo grupo económico. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el fundador y principal accionista, Miguel Vásquez, y arresto domiciliario para otros siete directivos.