Más exigencias, menos oferta: el dilema de los áridos en Magallanes

Manuel Castañeda Paredes
Presidente del Comité de Infraestructura de CChC Magallanes

El desarrollo de Magallanes exige acelerar la construcción de viviendas, rutas viales y obras urbanas que demandan un uso intensivo de hormigones y estabilización de suelos. Cada uno de estos proyectos depende de un insumo básico: el suministro de áridos con volumen suficiente, cercano a los puntos de consumo, a precios competitivos y debidamente autorizado por los organismos competentes.

Sin embargo, desde el año pasado, la fiscalización más estricta bajo la Ordenanza Municipal de Punta Arenas ha provocado el cierre de múltiples canteras pequeñas. Se trataba de operaciones artesanales que, sin equipos técnicos ni espaldas financieras, no lograron adecuarse a las nuevas exigencias.

A este escenario local se suma la Ley N°21.800, que establece un régimen nacional único para la extracción, acopio y procesamiento de áridos, exigiendo certificado de origen, trazabilidad obligatoria, garantías y planes de cierre. Esta norma regirá para las nuevas solicitudes desde febrero de 2027 y para la renovación de autorizaciones vigentes. Paralelamente, el reglamento de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) exige, para la extracción en cauces, garantías de entre 500 y 2.000 UF y estudios de caracterización de al menos 500 metros aguas arriba y abajo del proyecto. Para un productor pequeño o mediano, cumplir estos requisitos toma más de un año y representa un costo prohibitivo.

A diferencia de la zona central -que cuenta con abundantes cauces y pozos lastreros- , la geología de Magallanes limita enormemente los puntos de extracción. La normativa hidráulica exige estudios previos extensos y costosos para habilitar cada sitio, una barrera de entrada insostenible para las pymes del rubro.

El resultado en Punta Arenas es crítico: hoy existe sólo una empresa que cumple con toda la normativa y está operativa para abastecer al sector bajo las reglas de oferta y demanda. Esta falta de competencia, sumada a los costos regulatorios y al alza sostenida de los combustibles, ha encarecido drásticamente el valor del árido.

El principal afectado es el propio Estado, que es el mayor consumidor de este insumo a través de la inversión pública del Mop (Vialidad y Aeropuertos) y del Minvu (Serviu). Si los mayores costos de producción y flete se trasladan a las ofertas, tanto los ministerios como los municipios y el Gobierno Regional necesitarán presupuestos mucho más abultados. De mantenerse presupuestos referenciales desactualizados frente a esta nueva realidad, se corre el grave riesgo de enfrentar licitaciones con precios muy por encima de lo proyectado, o bien procesos desiertos y postergados.

Esto no es solo un problema técnico; es un problema social y laboral. La construcción es intensiva en mano de obra. En una región golpeada por cifras históricas de informalidad laboral, menos obras adjudicadas significan directamente menos empleo formal y retrasos en la entrega de soluciones habitacionales y de conectividad.

Como gremio, respetamos la legislación y compartimos plenamente la necesidad de proteger el medio ambiente y ordenar la actividad. Por lo mismo, advertimos que una exigencia abrupta sin capacidad real de cumplimiento puede terminar paralizando la inversión o incentivando la informalidad. Abogamos por una implementación progresiva de la Ley de Áridos, con plazos razonables de adecuación para pequeños y medianos productores y una transición ordenada.

Esto requiere acompañar la ley con un catastro actualizado de fuentes habilitadas, una estimación real de la demanda pública y privada, y reglas transitorias acordes a la oferta certificada que realmente existe en cada región, junto con un sistema electrónico de trazabilidad plenamente operativo antes de su entrada en vigencia total. Asimismo, la normativa nacional y la local deben dialogar: la ordenanza tipo que elaborará la Subdere junto al reglamento debe servir de marco para actualizar ordenanzas comunales como la de Punta Arenas.

Sostener el abastecimiento de este insumo estratégico requiere planificación y voluntad. Es urgente instalar una mesa de diálogo entre el Estado, el municipio y los productores para destrabar este cuello de botella antes de que frene el desarrollo de Magallanes.