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Entre los dos no suman 40 años. Pero el brutal encontrón del carabinero Sebastián Zamora Soto (22) con un adolescente de 16, que culminó con el manifestante malherido en el lecho del Mapocho, ya tuvo secuelas y las seguirá habiendo. Mientras el adolescente se recupera, su contraparte está en vías de expulsión del cuerpo policial y enfrenta un juicio por cuasidelito de homicidio. El caso, sin duda, se proyectará por largo tiempo. En la formalización de Zamora, la fiscal Ximena Chong señaló que el uniformado cometió “actuación dolosa directa” y que “unido a su rol como funcionarios, como carabinero, hace que, desde el punto de vista penal, (existan) diversas formas de reprochar su conducta”.

Al caso se sumaron la negativa de prestación de auxilio, los testimonios de intento de encubrimiento y -además- las torpes amenazas contra la fiscal Chong. Todo lo cual ocurre en medio de denuncias de tortura y mal manejo del alto mando durante el estallido social, lo que ha colocado a la institución policial en una situación insostenible.

Carabineros comenzó el proceso de expulsión de Zamora por un “incumplimiento inaceptable”. La razón no fue la caída del adolescente, sino el uso no informado de una cámara personal. En realidad eran dos, ninguna de las cuales correspondía al equipo oficial. La explicación es que cualquier cámara -las hay en el comercio desde 40 mil a 400 mil pesos- no ofrece las condiciones de seguridad deseadas. Ya ocurrió en el trágico caso Catrillanca, en que la cámara del carabinero responsable fue desactivada por el mismo, sacándole la tarjeta de memoria.

Eso no podría ocurrir con las cámaras Gopro, 30 de las cuales fueron compradas en julio de 2018 en 42 millones de pesos. “Tienen protocolos de seguridad que aseguran que el video grabado sea inviolable. Esto porque se almacena internamente y está encriptado”, explicó entonces Francisco del Campo, de Smart Partners representante de Axon, el mayor fabricante de este tipo de cámaras en el mundo.

Estos equipos permiten, como en el incidente del puente Pío Nono, tener un registro fehaciente de la actuación policial. La condición indispensable es que nadie pueda alterar los registros. Es, obviamente, la mejor defensa de quien sea acusado injustamente.

Como se apreció en el puente Pío Nono, en situaciones como estas, abundan las grabaciones. Los teléfonos celulares, desde 2015 superan los 26 millones en Chile. No todos son “inteligentes”, con cámara fotográfica o de video, pero son muchísimas las que permiten grabar y difundir videos por las redes sociales. Incluso pueden alterarlos, lo que confirma la conveniencia de que sus archivos sean intocables.

Este no es un fenómeno exclusivo de nuestro país.

En el debate vicepresidencial de EE.UU. en que se enfrentaron el miércoles pasado la demócrata Kamala Harris y el republicano Mike Pence, el tema apareció de manera tangencial. La senadora Harris, que antes fue fiscal general de California, recordó que en esos años impuso la obligación de que los agentes policiales mantuvieran activas sus cámaras personales durante todo procedimiento. Desde entonces, dijo, en la formación policial en California se incluye el combate de los prejuicios. Expresó estar orgullosa por esos antecedentes y que espera continuar haciendo lo mismo “en el futuro (desde el gobierno)”.

Algo deberíamos aprender de su ejemplo.