Corte de Apelaciones acoge demanda por muerte de universitario y ordena al fisco a pagar $160 millones a hermanos

Este martes 13 de octubre, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió una demanda de indemnización de perjuicios presentada por la familia de un joven detenido en 1973 en esta ciudad, aunque posteriormente murió en la cárcel de Puerto Montt.

El fallo condena al fisco de Chile a pagar una suma total de 160 millones de pesos a la familia del joven Carlos Mascareña Díaz, representada por sus 8 hermanos (a razón de 20 millones de pesos cada uno), todos de apellidos Mascareña Díaz. En la demanda se solicitaba una compensación económica ascendente a los 200 millones de pesos por cada hermano.

En este caso, la Corte magallánica revocó lo resuelto por el juez del Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, Claudio Jara, quien en primera instancia no dio lugar a la demanda, rechazándola en todas sus partes, al acoger la “prescripción extintiva” planteada por el Consejo de Defensa del Estado. De esta manera se dio lugar al recurso de apelación del abogado Pablo Bussenuis, descartando de este modo la alegación del fisco de Chile, en cuanto a haberse extinguido la obligación mediante el pago de los perjuicios sufridos por la familia a raíz de las graves violaciones a los derechos humanos.

El juicio civil inició su tramitación en febrero de 2019 y en este se plantea que Mascareña Díaz tuvo una muerte dramática, el 1 de mayo de 1974. El caso se encuentra consignado en las páginas del Informe Rettig elaborado por la Comisión Nacional por la Verdad y la Reconciliación.

Carlos, el tercero de diez hermanos, era estudiante y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Mir), siendo detenido el 1 de noviembre de 1973 en Punta Arenas, tras lo cual fue trasladado a la cárcel de Chin Chin, en la ciudad de Puerto Montt, donde falleció a consecuencia de los golpes y vejámenes sexuales sufridos en el cuartel de la PDI.

Al momento de su muerte el joven tenía 21 años. Su fallecimiento es algo que tanto su madre como su padre nunca pudieron superar. Era el orgullo de una familia humilde, incluso de su comunidad de la isla de Chaulinec, comuna de Achao, Chiloé, de donde era originario. Carlos logró ingresar a la universidad donde llegó a ser un líder estudiantil, que luchaba contra la desigualdad y las injusticias. Esto lo motivó a participar como militante en el Mir.

En los inicios del Golpe de Estado, los aparatos de seguridad ya buscaban a Carlos. Incluso, estando en Chaulinec, su tierra, había sido detenido por Carabineros, pero un sargento que lo conocía lo liberó más tarde. Con el decidido propósito de viajar a Argentina, su hermano mayor Oliverio (fallecido en 2017) se lo trajo a Punta Arenas. Estando en casa de unos primos y mientras conseguían algo de dinero para cruzar la frontera, la Policía de Investigaciones llegó siguiendo su rastro y lo tomó detenido. Posteriormente fue trasladado a Puerto Montt, donde fue torturado hasta provocar su muerte. Su padre José Manuel Mascareña en ese entonces alternaba su vida entre Argentina y Punta Arenas (murió en 1997).

La muerte de Mascareña Díaz se transformó en un tema tabú al interior del grupo familiar. Con el tiempo y cuando sus hermanos se armaron de valor para poder reconstruir la historia de Carlos, muchas puertas se cerraron. Doña Rosa Díaz Quintullanca, la madre, se negó rotundamente a que se hiciera algo al respeto, por el dolor que aquello le causaba.

La madre murió en 2018 en Punta Arenas, tras lo cual los hermanos -seis de ellos viven en Punta Arenas- decidieron reivindicar la historia de su hermano y de sus vidas. Y es que cada uno vivió y sufrió de distinta manera la muerte de Carlos. A comienzos de 2019 y luego de 46 años de silencio, se dispusieron a contar su dolor y a exigir justicia, lo que se plasmó en esta demanda que el martes 13 fue fallada en segunda instancia, con una resolución favorable para la familia, aunque sigue siendo una herida abierta para todos, un ciclo que no han podido cerrar, luego que la parte penal destinada a encontrar a los culpables del homicidio de su hermano, nunca prosperó.

El Consejo de Defensa del Estado podría hacer uso de la última instancia legal ante la Corte Suprema.