Gobierno lamenta que informe de Derechos Humanos de Amnistía Internacional aborde hechos que aún son investigados

El gobierno reaccionó al informe publicado por Amnistía Internacional (AI) donde se da cuenta de las vulneraciones a los derechos humanos cometidas en Chile desde las protestas que comenzaron el 18 de octubre del año pasado.

De acuerdo al organismo internacional, el Alto Mando de Carabineros de Chile debería ser investigado penalmente por vejaciones cometidas por funcionarios de la institución durante el último año.

Al respecto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió una declaración pública asegurando que el documento se tomará en cuenta, tal como ha ocurrido con otros informes de distintas organizaciones.

“Se analizará como se hizo respecto de los otros informes que recibió nuestro país el año pasado por parte de los órganos autónomos de derechos humanos (INDH y Defensoría de la Niñez), y de tres organismos internacionales (Acnudh, CIDH y HRW)”, indicó la Secretaría de Estado.

Asimismo, remarcaron que el gobierno “siempre ha condenado toda conducta que atente contra los derechos humanos, en cualquier lugar, tiempo o circunstancia, y solidariza con las víctimas que han sufrido sus consecuencias”.

Por esa razón, reiteran que cualquier situación que atente contra esos principios “debe ser investigada por la Fiscalía y conocida, juzgada y sancionada por los Tribunales de Justicia, y sus víctimas reparadas en virtud de la ley”.

La Moneda aprovechó de señalar que algunas materias abordadas en el informe requieren ser actualizadas, toda vez que varias ya están bajo indagatoria.

“En relación a algunos contenidos incluidos en el informe de AI, el gobierno lamenta que éste realice aseveraciones sobre hechos e informaciones que requieren ser actualizadas y se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y en sede judicial”, afirmaron.

“En cuanto a las recomendaciones que el Informe de AI realiza al Estado, éstas se refieren de forma similar, aunque más acotada, a las ya efectuadas por los demás organismos de derechos humanos”, añade la declaración.

Es así como el Ejecutivo recalcó que en nuestro país Carabineros no ha usado la fuerza con el fin o intención de castigar a las personas manifestantes “como supone el Informe en base a antecedentes de limitado alcance”.

“La pretendida intencionalidad dista de la labor y planificación de nuestras policías, más allá de actuaciones específicas que deben esclarecerse por las instituciones competentes”, indicaron.

En este punto, aseguran que el mencionado informe no profundiza en los más de 2.800 eventos graves ocurridos desde el 18-O, ni tampoco respecto a los más de 5 mil funcionarios de orden y seguridad que han terminado lesionados durante las protestas.

Junto con ello, el Ministerio de Justicia aseguró que el gobierno ha impulsado una reforma integral a Carabineros, así como una mejora al marco regulatorio del derecho a reunión pacífica.