Imputados por agresión en centro de salud no podrán acercarse a víctimas
Se les acusa de golpear a un médico, un auxiliar, un chofer de ambulancia y una secretaria en La Serena.
Con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a las víctimas y arraigo nacional quedaron dos personas que fueron imputadas por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones graves y menos graves en contra de cuatro funcionarios del Centro de Salud Familiar de Las Compañías, en La Serena.
El fiscal Nicolás Nicoreanu señaló que los hechos que se les imputan a C.M.V.V. y a V.E.U.C. están tipificados en el Código Penal con penas más gravosas, en estos casos, por la calidad de las víctimas y si éstas están en ejercicio de sus funciones.
“La gravedad que ve la ley en estos hechos es el servicio que otorgan las víctimas, que es un servicio público, de salud, que es esencial para la ciudadanía y que estos se ven afectados cuando están prestando sus servicios”, explicó el persecutor.
La pareja fue formalizada como coautora de un delito de lesiones graves y tres ilícitos de lesiones menos graves, perpetrados al interior del centro de salud donde agredieron, con reiterados golpes de pie y puño, al auxiliar del centro de salud, quien resultó con lesiones de carácter grave.
Posteriormente, agredieron a un médico, a un chofer de ambulancia y una secretaria, quienes resultaron con lesiones menos graves.
El magistrado Claudio Ayala señaló que “les queda prohibido, a ambos imputados, salir del país y acercarse a las víctimas indicadas por el Ministerio Público en cualquier lugar que se encuentren sin perjuicio de que esta prohibición se entiende con fines de hostigamiento, amenaza o lesión y no comprende la asistencia al centro de salud por motivos de salud en el caso de la coimputada”.
El alcalde de La Serena, Roberto Jacob, no sólo repudió las agresiones en contra de los funcionarios del centro asistencial del sector de Las Compañías, sino que indicó que el municipio se hará parte de las acciones legales.
En la audiencia de formalización de la investigación el magistrado Claudio Ayala fijó en 120 días el plazo de investigación.