Delegados para Convención Constitucional

Tal como se había expresado en las manifestaciones ciudadanas, una amplia mayoría optó porque sea una Convención Constitucional y no una Convención Mixta la que se encargue de redactar la nueva Carta Magna, lo que implica que se rechazó que en esta labor se sumen los parlamentarios.

Esto abrió un proceso eleccionario, el cual se verificará el 11 de abril del próximo año, donde la gente será convocada a elegir, por voto popular, a los 155 integrantes de este grupo constituyente.

Consistente con lo expresado en el plebiscito del 25 de octubre, una reciente encuesta arrojó que el 64% de los consultados indicó que preferiría votar por una persona que no milite en un partido político.

Así se determinó en el estudio realizado por Ipsos y Espacio Público, sondeo en el cual también se estableció un perfil preferente para los delegados, siendo éste que sean personas expertas en temas constitucionales, con un 28% de las primeras menciones y un 53% del total de las referencias.

Se espera que, además, compongan tal cuerpo colegiado profesionales destacados, como médicos, periodistas o ingenieros; dirigentes de movimientos ciudadanos de temáticas específicas como medioambiente, equidad de género, diversidad sexual, entre otros, y líderes sociales con experiencia en juntas de vecinos, sindicatos u otra organización de base o social.

Como contrapartida, los perfiles que más desconfianza generan son los de personas “con trayectoria política y/o experiencia en cargos públicos” (52%) y de gente conocida, como actores, músicos o rostros de televisión (42%).

Analizar estos perfiles y las confianzas ciudadanas parece interesante. Tanto los partidos políticos como los gremios y los movimientos ciudadanos y sociales deben tener en cuenta el sentir de la gente que, en forma preliminar, se fija en este estudio y que, probablemente, se repetirá en próximos sondeos en el mismo sentido. Idem respecto de abrir espacios para los independientes.

Abierto el proceso constituyente, como sociedad tenemos ahora el deber  de cautelar la legitimidad de la Convención Constitucional y buscar los candidatos más preparados, pertinentes y que den la más amplia garantía a los ciudadanos respecto de esta tarea. Esta parece que es la vía correcta para aquello.