Consejo de la Transparencia ofició a Hacienda para aclarar solicitud de datos de quienes retiraron su 10%

Tras una petición de la Democracia Cristiana, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ofició este jueves al Ministerio de Hacienda luego de que el titular de la cartera, Ignacio Briones, solicitase a la Superintendencia de Pensiones los datos y Rut de todas las personas que retiraron el 10% de los fondos previsionales, que el gobierno calificó como una acción “habitual” de todas las administraciones.

“Hemos enviado un oficio al Ministerio de Hacienda solicitando antecedentes que permitan aclarar si hubo una vulneración o no a la normativa de protección de datos personales”, dijo la presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente.

“Esta acción que hemos realizado lo que busca es básicamente aclarar las cosas, ya que existe una disposición legal a que le falta actualización, pero que establece que los datos personales se tienen que resguardar, entre otros, bajo los principios de finalidad y proporcionalidad”, agregó.

Consultados por Cooperativa, desde el Ministerio explicaron que la solicitud tiene una finalidad estadística, para “dimensionar el impacto económico de esta y otras medidas”, asegurando que resguardarán la protección de los datos personales.

“El Ministerio de Hacienda reafirma su compromiso con el resguardo de los datos personales, y señala que el manejo de esta información se apega a estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad, tal como se señala en la Ley 19.628, sobre la protección de la vida privada”, finalizó.

Defensa del Ejecutivo

La mañana de este jueves, en un punto de prensa en La Moneda, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, afirmó que la Ley 20.403 obliga a los funcionarios públicos a “guardar absoluta reserva y secreto de la información” y que la solicitud de Hacienda “es algo que se hace de manera habitual por parte de la Dipres y las distintas subsecretarías para hacer buena política pública”.

“Por ejemplo, para calcular cuántas personas van a poder acceder al Ife (Ingreso Familiar de Emergencia) y cuánto costaría aquello, cuántas podrían acceder al bono de clase media, cuántas personas, si se aprueba el nuevo retiro, quedarán con cero fondos y uno tiene que calcular cuánto significaría eso en el futuro para una pensión básica solidaria. Esa es la razón por la cual se ocupa esto”, insistió.

“Es una habitualidad que ocupan absolutamente todos los gobiernos, pero tienen el deber y la obligación de la reserva y de mantener en la más estricta confidencialidad esos datos. Y si eso se vulnerara no sólo es una grave falta administrativa, sino que podría ser perseguido penalmente”, sentenció el portavoz del gobierno.

Las bancadas de diputados del PPD y el PS confirmaron también una denuncia ante la Contraloría por el oficio que envió el ministro Briones.

“(La solicitud de Hacienda) Es arbitraria, abusiva y no se ajusta a la ley, por lo tanto, debe ser corregida y fiscalizada por la Contraloría de manera tal de resguardar adecuadamente los datos personales de aquellos ciudadanos de nuestro país”, señaló el diputado Raúl Soto, jefe de la bancada del PPD.