Radonich: todo pagado y a la espera del término de la causa por presunta apropiación

Todo pagado y a la espera de la notificación del “sin efecto de la causa” dijo estar el alcalde Claudio Radonich, luego de conocerse la fecha para la audiencia de formalización de cargos por deudas de la Cormupa solicitada por la Fiscalía y fijada por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas para el 14 de mayo de 2021.

El jefe municipal explicó que la notificación para él y el secretario general de la Corporación Municipal, Segundo Alvarez, correspondía a una causa abierta desde febrero de 2016 en contra de los entonces responsables de la entidad, el ex jefe municipal Emilio Boccazzi y la ex secretaria Cristina Sussi, a quienes -explicó- se les atribuían presuntos delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida al no cancelar deudas previsionales de los asistentes de la educación.

La Prensa Austral pudo establecer que a la anterior causa se sumó una querella criminal por presunta apropiación indebida de cotizaciones previsionales entablada por Isapre Banmedica en contra de Radonich, el pasado 1 de octubre.

“Nosotros en esta administración hemos ido cumpliendo con estos compromisos y en los últimos días esto quedó subsanado. Pero como no se hizo un seguimiento llegó esta notificación y nos encontramos con la sorpresa, pero todo está clarificado y esperamos en los próximos días recibir la notificación que ponga término a esta causa”.

Junto con lo anterior, Radonich agregó que aquí no hubo una formalización de cargos en contra de él y Segundo Alvarez, ni tampoco la intervención de un tribunal. “Acá lo que existió fue una notificación por parte de la Fiscalía”, enfatizó.

Contrariamente a lo sostenido por el jefe comunal, la audiencia de formalización fue fijada por el juez de Garantía, Franco Reyes Pozo, el pasado 16 de noviembre, a solicitud de la Fiscalía.

Por último, el alcalde lamentó este tipo de situaciones y los problemas financieros de arrastre que muchas veces ha tenido que enfrentar la Cormupa, los que sólo por concepto de deuda provisional han significado más de $6 mil millones, además de juicios por alrededor de $7 mil millones.