Lenguaje sexista y derecho a la privacidad e intimidad

A propósito de una conversación entre un concejal y un consejero, es dable plantear dos reflexiones sobre el sexismo que ocultan las palabras y la normalización de un delito como es grabar comunicaciones sin autorización del afectado.

Sobre lo primero, no se puede, sino, compartir el amplio repudio que causaron las expresiones groseras que usó el concejal fueguino, Carlos Soto, en una conversación con el consejero regional, Antonio Bradasic. No se trató del uso coloquial del término descalificativo “huevón”, sino de otras palabras que no sólo eran soeces, sino totalmente inapropiadas respecto de la persona a la cual se estaba aludiendo.

Dos hombres, desde el lugar de poder que les dio la votación ciudadana, se referían en forma peyorativa a una mujer, quien se desempeña hoy como la máxima autoridad regional.

El lenguaje es otra de las herramientas usadas para maltratar y descalificar a las mujeres, en particular, aquellas que acceden a cargos públicos y/o espacios directivos en las empresas u organizaciones privadas. Es otro tipo más de violencia que día a día siguen sufriendo quienes componen el segmento femenino de la población.

Cada derecho que hoy se le reconoce a las mujeres, cada espacio que éstas obtienen se debe a las largas y valerosas luchas, incluso hasta la muerte, que han dado sus antecesoras en cada sociedad. La igualdad legal y la paulatina incorporación de ellas a los ámbitos reservados sólo para hombres han ido feminizando muchos términos relativos, principalmente, a oficios. Pero, el habla cotidiana sigue manteniendo demasiadas expresiones sexistas, con una tremenda carga denigrativa.

La otra arista es tanto o más clara: el Código Penal sanciona expresamente la grabación de conversaciones de carácter privado, hechas sin autorización del afectado en lugares que no sean de libre acceso al público.

Se trata de un delito, así como la filtración de tal conversación. Aquello afecta el derecho constitucional a la privacidad e intimidad y lesiona la convivencia. Por lo cual no puede ser ni jurídica ni social ni moralmente aceptable.