El matrimonio a prueba del gobernador y el delegado presidencial
Definido como un paso histórico, el fin de semana pasado se realizaron las elecciones de gobernadores regionales en las 16 regiones del país. Magallanes fue una de las tres zonas en que esta disputa se definió en primera vuelta, resultando electo Jorge Flies Añón, con el 42%.
Este, al igual que sus otros 15 colegas, comenzará a actuar al frente del gobierno regional desde el 14 de julio próximo. Pero, desde ese momento, tendrá que relacionarse con el delegado presidencial regional. De tal forma, todas las regiones del país enfrentarán un proceso inédito, dado por la coexistencia de dos autoridades ejecutivas en un mismo territorio.
De acuerdo a la legislación vigente, el gobierno regional estará constituido por la nueva figura de gobernador regional y por el consejo regional. El primero presidirá al referido cuerpo colegiado.
El gobernador tendrá que coordinarse con los demás órganos y servicios públicos y ejercer también la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependen o se relacionan con el gobierno regional.
Tendrá potestad en la asignación de recursos y los programas de inversión del gobierno regional, tanto como de los programas de inversión sectorial de asignación regional y aquellos que corresponda en virtud de transferencias de competencias que haga el Presidente de la República.
La nueva normativa termina con la figura del intendente y crea la de delegado presidencial regional, que, como representante del Mandatario de turno, ejercerá el gobierno interior de cada región.
Para algunos, es un error del Legislativo haber mantenido las dos figuras, pues estarán en permanente choque de atribuciones.
¿Cómo convivirán el gobernador regional y el delegado presidencial? La respuesta está dada en las propias atribuciones que la ley otorga a cada uno y en el respeto de sus roles y de las delimitaciones de éstos.
Lamentablemente, antes de comenzar esta coexistencia ya se aprecian roces y la diferencia de tendencias políticas de las dos figuras ejecutivas en regiones como la nuestra podría originar bloqueos y entorpecimientos deliberados de las funciones de la nueva máxima autoridad regional.
