Defensor público: “Tribunal actúa con celo extremo con ciertas personas de Porvenir”

El abogado Juan Carlos Rebolledo alude a la reciente acusación con que la Fiscalía formalizó por el delito de abigeato a su representado, Santiago Garcés González, quien -asegura- estaba trabajando en la comuna de Río Verde cuando un tercer ganadero trasladó los animales al predio que detenta

El defensor público de Porvenir, Juan Carlos Rebolledo, anunció que le pedirá a la Fiscalía que interrogue al ganadero que fue a dejar el piño lanar a estancia Bulnes, Aurelio Bahamonde; al administrador del estanciero de Río Verde, Miodrag Marinovic, para saber si el imputado por abigeato, Santiago Eduardo Garcés González, trabajó en ese predio en el tiempo que se le acusó del delito; y ver si existe una similitud en las marcas del ganado ovino de éste último y del denunciante del robo de sus ovejas. Si el fiscal no accede, anunció una apelación ante la Corte de Punta Arenas, o pelar a las cautelares de su representado.

Estancia Bulnes, explicó el defensor, es un predio fiscal propiedad de Bienes Nacionales “que hace un tiempo estuvo cedida aparentemente en forma legal a Juan Hoencke Barrientos, ganadero de Punta Arenas, y hasta hoy hay un proceso de desalojo en su contra. Por lo tanto, el titular de esa estancia, legal o ilegal, con título o sin título, es este señor Hoencke, quien el año 2018 firmó una mediería con el fallecido Eduardo Garcés Levicoy, padre del hoy acusado”.

En esa firma, afirmó, Hoencke se comprometía a ejercer labores de cuidado y mantención de animales en ese predio y Garcés Levicoy se reservó el derecho de alojar y cuidar a sus animales ahí, según la mediería. “Con el deceso de Garcés Levicoy, su viuda Isabel González quedó a cargo de los ovinos que dejó el señor Hoencke, quien al permanecer en Punta Arenas se comenzó a desentender y dejó la mediería medio botada”, añadió.

Otro ganadero trasladó los animales

Fue así que el hijo, Santiago Eduardo Garcés González, empezó a trabajar para su madre con la pequeña majada que pervivía y dejó un trabajador a cargo. A mediados de marzo, relató que el ganadero Aurelio Bahamonde envió un WhatsApp a los ocupantes de estancia Bulnes, que había 80 animales en su predio con una marca parecida a la de los Garcés y los trasladó al lote fiscal.

Durante todo ese tiempo, aseguró el defensor, Garcés González trabajó en Río Verde (continente) para el ganadero Marinovic, existiendo un certificado de pago del administrador Jorge Méndez entre octubre 2019 y el pasado 15 de mayo, “con lo que Santiago Eduardo no tiene el carácter de tenedor de los animales que serían materia del presunto delito”.

“El fiscal lo acusó del supuesto delito de abigeato afirmando que mi representado habría ido a los campos de las familias Retamal y Toro a sustraer animales, sin explicar cuándo ni de qué forma y luego dice que no los fue a buscar, sino que estaban en su poder”. Pese a la incoherencia, Rebolledo lamentó que el tribunal no cuestionara el punto.

Celo con pequeños ganaderos

El representante de la Defensoría Pública criticó que tratándose de ciertas personas de Porvenir, como el caso de la familia Garcés, se actúa con un celo extremo y no se da pie a algunas cuestiones. “El mismo denunciante señala que estos ovinos estaban en un predio pequeño, separados a la orilla del camino, lo que es coincidente con lo que planteó Santiago Eduardo, quien los había apartado para entregárselos a quien fuera su propietario, porque sabía que no eran suyos, cuando llegó allá el 16 de mayo”, detalló.

Lamentó que el tribunal creyera que los ovinos estaban aparte porque los fueran a robar, “pero la lógica indica que si él saca animales ajenos, no los va a dejar todos juntos a la orilla del camino para que cualquiera los vea y luego se va a apropiar de ellos. Se ve que estos pequeños ganaderos son medidos con varas distintas a los grandes estancieros de la zona”, estimó Rebolledo.