Tierra del Fuego argentina y salmonicultura
Todas las sociedades enfrentan el imperativo de proteger la salud de las personas y los ecosistemas del territorio en que están inmersas, adaptando para ello sus formas de vida y legislando en pro de tal objetivo.
Esto plantea el dilema respecto de cómo desarrollar procesos y actividades productivas que permitan el crecimiento económico, pero que, al mismo tiempo, cuiden el medioambiente y sean sustentables.
En tal sentido, la industria de la salmonicultura ha evolucionado, si bien ha tenido momentos altamente cuestionables, siendo objeto de críticas por parte de entidades medioambientales en todo el mundo. Ello ha forzado a los legisladores a ir actualizando las normativas al respecto y a las empresas, a perfeccionar sus procesos. Todo ello para reducir las externalidades.
En nuestro país, la salmonicultura ha ido creciendo y cobrando mayor peso respecto del Pib y la concatenación productiva. Comenzó incipientemente en la década de los 70 y hoy ya está presente entre las regiones de La Araucanía y Magallanes. Chile se erige como el segundo productor de salmón a nivel mundial. Las exportaciones de este producto alcanzaron US$4.389 millones el año pasado.
Recientemente, las comunidades fueguinas de Chile y Argentina realizaron una manifestación en el canal de Beagle exigiendo una zona libre de la salmonicultura.
Ayer, la legislatura argentina de Tierra del Fuego aprobó, por unanimidad, el proyecto de ley que prohíbe esta industria en su territorio, sosteniendo que no sólo amenaza al ambiente, sino que a la salud y la economía de la provincia.
Dicha comunidad optó por privilegiar la protección y conservación de sus recursos naturales, del patrimonio genético de la biota y de su ambiente para un desarrollo económico sostenible.
Lo resuelto resulta interesante por su enorme complejidad e implicancias. Desde la óptica de la producción tradicional, es controversial y resistido. Desde el activismo ambientalista, es celebrado.
Un justo equilibrio lleva a inclinarse por establecer algunas áreas protegidas y permitir que haya zonas en que esta industria pueda desarrollarse respetando la normativa medioambiental y siendo sometida a fiscalizaciones regulares.