Bolivia acusa al gobierno de Macri de “tráfico de armas” en crisis de 2019

El gobierno boliviano acusó este lunes al ex embajador argentino en Bolivia, Normando Alvarez, y a dos ex comandantes por tráfico de armas en el caso del material antidisturbios que al parecer llegó desde Argentina en la crisis de 2019, la que presuntamente fue alentada por Estados Unidos.

“Lo que ha cometido el señor Yuri Calderón es tráfico de armas”, aseveró el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

El ministro boliviano hizo esa aseveración tras una exposición en la que también estuvo presente el actual embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro.

En la instancia además participó el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera.

El inicio, según Del Castillo, fue una nota diplomática que Alvarez envió a la Cancillería boliviana. En esta se pidió “la autorización de ingreso” al país de personal, material y equipamiento de una unidad especial de la Gendarmería Argentina.

Esto, horas después de que asumiera el mando interino del país la ex Presidenta Jeanine Añez.

“Hay dos tipos de materiales que ingresaron ese 13 de noviembre al país, uno de manera legal, que fue autorizado para la Cancillería. El otro, con armamento antidisturbios que no fue autorizado”, señaló el ministro boliviano.

Parte de ese material fue a la residencia de la Embajada de Argentina en La Paz y otro tanto a la Policía y las Fuerzas Armadas. “Sin ningún tipo de documentación”, mencionó.

Además de otra cantidad “que aún se encuentra en investigación”, señaló el ministro sobre el material que el gobierno cree que se usó en Sacaba y Senkada, donde unos días después una veintena de civiles murió en protestas contra el Ejecutivo interino.

En su informe, Del Castillo mencionó que en depósitos de la Policía se halló 26.900 cartuchos de perdigón de goma. A lo anterior se sumó varias unidades de gas lacrimógeno en aerosol MK-4, granadas de gas CN, H y CS 2, que estaban guardadas como otro material.

Del Castillo asoció esto con un “tráfico ilícito de armas” que está penado en Bolivia con hasta treinta años de presidio.

Por ello “presentará la denuncia correspondiente” contra miembros de la Policía y Fuerzas Armadas. Esto, además “del cuerpo diplomático” que trajo esa carga “ilegal”.

El ministro de Gobierno relacionó este hecho, cuando llegó a Bolivia una carga similar otorgada por el gobierno ecuatoriano.

Bolivia vivió una crisis política y social tras las fallidas elecciones de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia denunciando que fue forzado por un supuesto “golpe de Estado”.

“Hasta aquí podemos ver de que había un plan continental para reprimir al pueblo boliviano”, aseguró.

El funcionario estableció una relación con un supuesto “manual” para un golpe de Estado.