Onu sobre la Macrozona Sur: “No creemos que la militarización contribuya en la resolución del conflicto”
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a Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de la Onu para los Derechos Humanos lamentó el fallecimiento del comunero mapuche Yordan Liempi Machacan de 23 años en Cañete, y las heridas sufridas por tres personas, entre ellas un menor de edad, por los disparos realizados por efectivos de las Fuerzas Armadas en un operativo policial.
Mediante un comunicado instaron a las autoridades chilenas a que realicen una investigación “rápida, exhaustiva, rigurosa y eficaz” sobre los hechos ocurridos y esperan que con ella se establezcan las circunstancias que derivaron en la muerte de Liempi.
“No creemos que las políticas enfocadas en la seguridad y la militarización puedan contribuir a resolver la conflictividad crónica en la zona”, dijo el representante de la Onu para América del Sur, Jan Jarab, en una declaración entregada a Cooperativa.
Jarab se mostró preocupado por “el espiral de violencia que se está viviendo en la zona”, y llamó a las autoridades y a todos los actores a “avanzar hacia instancias de diálogo y acuerdos transversales”.
“Las soluciones tienen que venir del diálogo y del reconocimiento de las demandas históricas del pueblo mapuche”, enfatizó.
Así aseguraron que los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para controlar el orden público por la naturalidad de sus formaciones, y también reiteraron su disposición a cooperar con el Estado en la búsqueda de soluciones, que contribuyan al cumplimiento de sus obligaciones respecto a los derechos humanos.
Armada prometió
máxima
colaboración para aclarar muerte de comunero
El jefe de la Defensa Nacional del Biobío, el contralmirante Jorge Parga, se comprometió este viernes a facilitar desde la Armada la máxima colaboración para la investigación de los hechos de violencia ocurridos en Cañete y que devinieron en la muerte del comunero de 23 años Yordan Liempi.
Parga se reunió con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco y con el fiscal adjunto de Concepción, Nelson Vigueras, para canalizar los requerimientos en torno a la investigación.
La fiscal regional, Marcela Cartagena, decidió separar la investigación del caso entre el aspecto de violencia rural y el de eventuales vulneraciones a los derechos humanos.
La versión de la familia Liempi es que el fallecido se encontraba al interior de su predio cuando recibió el disparo, y que el bloqueo de la ruta efectuado por infantes de Marina les impidió ir en busca de ayuda para la víctima.