Demanda de trabajadores portuarios

A mitad de octubre pasado, la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile (Fenatraporchi) se reunió, de manera urgente, con la presidenta del Sistema de Empresas Públicas, Loreto Seguel, para abordar lo que consideraron una grave situación, vinculada ésta con los nuevos contratos de rampas de Puerto Montt, Chacabuco y Magallanes.

En la oportunidad, Seguel comentó que la medida fue adoptada por los ministerios de Transportes y Obras Públicas y que las empresas portuarias y el Sep no fueron informados ni consultados por el cambio en el convenio de administración, que se redujo de 12 a 6 meses, lo que implica el término de la administración, generando el despido de todos los trabajadores de rampas, directos e indirectos.

Esta preocupación y otras también fueron planteadas el viernes por dirigentes de distintas federaciones de trabajadores portuarios, quienes se trasladaron hasta Punta Arenas para exponer sus demandas ante el II Encuentro Nacional de Gobernadores Regionales que se celebró esta semana en la capital regional.

Los dirigentes calificaron de insostenible la situación que viven los trabajadores portuarios y se quejaron, sosteniendo que, desde el año 2000, el Estado los ha dejado de lado.

En particular, el presidente de la Federación de Trabajadores Portuarios de Punta Arenas habló de escasas oportunidades laborales, malas remuneraciones, pésimas condiciones de trabajo y que todo esto se ha visto agravado por la pandemia.

Puntualmente, acusaron que las condiciones laborales cambiaron drásticamente desde que Emporchi dio paso a la Empresa Portuaria Austral en 2010.

Estos trabajadores, al igual que muchos, han estado sufriendo los vaivenes de la economía y también han temido que una eventual privatización de los terminales pueda afectarlos, no respecto de las remuneraciones -pues reconocen que en muchos casos en los puertos licitados se paga más que en los estatales-, sino porque pueden perder sus puestos de trabajo.

Los gobernadores regionales han expresado su preocupación por esto y han pedido conocer de primera fuente cuáles son los planes que tiene el Ejecutivo en esta materia.

Así como la estabilidad laboral y remuneraciones dignas son derechos que deben perseguir todos los trabajadores, también a los habitantes de zonas extremas y apartadas se les debe garantizar la conectividad, la cual resulta vital.