Formalizaron por estafa a contador “funado” en redes sociales

• Abogado querellante Ramón Ibáñez pidió la prisión, pero el juez sólo accedió a un arraigo nacional para el imputado.

Una nueva investigación por estafa sumó ayer el contador Juan Guillermo Soto Mancilla, quien en otra causa tiene audiencia de preparación de juicio oral para el próximo 6 de diciembre.

Esta persona ha generado perjuicios económicos millonarios a sus víctimas.

La causa de ayer nace a partir de una querella criminal que presentó el afectado. El fiscal Manuel Soto dio a conocer los hechos por los cuales será investigado durante tres meses, plazo que se fijó para el cierre de la investigación.

La defensa solicitó al tribunal que prohíba la divulgación del nombre del imputado, pero el fiscal y el querellante, abogado Ramón Ibáñez, se opusieron porque el principio rector de la Reforma Procesal Penal es la publicidad y transparencia de las causas judiciales, lo que fue compartido por el juez Cristián Armijo.

Estafa

Fue el 29 de marzo de 2019 cuando la víctima entregó 4 millones y medio de pesos de sus ahorros de mucho tiempo a Juan Soto, para financiar un negocio propuesto por el imputado. Este consistía en proveer al Hospital Clínico de Magallanes y el de Puerto Montt de insumos médicos. Por esta inversión recibiría un 27% de utilidad sobre el capital entregado.

De esta manera le ofreció ingresar al financiamiento de su negocio como proveedor, ya que por el sistema de Chile Compra, tenía acceso a venderle insumos a estos establecimientos de salud.

Pero cada vez el monto de la inversión iba aumentando y necesitaba más capital inicial. El ejercicio de pasarle dinero para los fines indicados se dio sin inconvenientes durante el año 2019. Fue así que procedió a entregarle sumas mayores, dineros que había obtenido de la venta de una bodega.

Hasta enero de 2020 le entregó diversas sumas y comienzos de febrero debía pagarle 85 millones 983 mil pesos. Lo que obviamente no sucedió.

El denunciado fue informando sobre el negocio en que había invertido los dineros, como eran las supuestas compras de insumos al Hospital de Puerto Montt, y de las escusas que la dirección de ese centro asistencial entregaba para postergar los pagos.

El 21 de agosto del año pasado la víctima logró llevar al imputado a una notaría, donde firmó un compromiso de pago por la suma antes indicada, pero nunca pagó.

Estafa fue el delito por el que formalizó el fiscal Soto y pidió el arraigo nacional.

El querellante, Ramón Ibáñez, pidió la prisión preventiva, argumentando las múltiples personas estafadas, incluyendo a las víctimas del caso que se verá en diciembre y donde la Fiscalía pide una pena de 5 años y un día de presidio, “como autor del delito de estafa reiterada”.

“El modus operandi es siempre el mismo, haciéndose pasar por un proveedor de Mercado Público en su calidad de contador, obteniendo sumas que superan los 200 millones de pesos. Estafando incluso a una familia que perdió su hogar. Esta persona abusa constantemente de esta situación. No es un sólo de hecho, acá estamos frente a una reiteración de delitos”.

Pero el juez no accedió a la solicitud y sólo impuso el arraigo nacional.

El abogado anunció que recurrirá a la Corte de Apelaciones para lograr que el imputado cumpla prisión preventiva.