Régimen cubano ha detenido a 805 personas por delitos políticos

Este año 2021 comenzó con 134 presos políticos en Cuba, según los registros de la ONG Prisoners Defenders, y desde ese momento hasta fines de noviembre pasado han ingresado 671 nuevos casos. Estos, sin embargo, son tan sólo una parte de la totalidad de los prisioneros bajo custodia dictatorial ya que es imposible conocer el número real. Entonces, según el último informe publicado por esta ONG, son 712 los casos activos de prisioneros políticos en la isla.

De estos 712, otros 562 corresponden a detenidos luego de la represión ejercida contra los manifestantes que salieron a las calles el 11 de julio y participaron de la mayor movilización antigubernamental de las últimas décadas. Y de estas 712 personas, 23 son menores de edad o lo eran al momento de su detención y están siendo procesados penalmente con solicitudes de penas que alcanzan los múltiples años de prisión.

La ONG divide a los presos en tres categorías: Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos. Los primeros, que son 452, son aquellos presos privados de su libertad por motivos de conciencia y de “ejercicio estricto de sus más fundamentales derechos humanos, con acusaciones bien completas y probadamente falsas y fabricadas, o bien de índole no delictiva y absolutamente relacionadas con el pensamiento”, como lee el informe.

Los Condenados de Conciencia, que son 180, son quienes sufren sentencias judiciales de trabajos forzados domiciliares, tienen limitada su libertad, están en libertad condicional “y otras limitaciones a la libertad, incluyendo las que están bajo sentencia firme sin ejecución, y que el régimen, además, acostumbra a revocar e insertar en prisión si el activista no cesa en su actividad prodemocrática, como hemos visto mes tras mes durante años”.

Además, desde Prisoners Defenders señalan la existencia de otros 11 mil civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8.400 de ellos convictos y 2.538 condenados, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel, por cargos denominados en el Código Penal como “pre-delictivos”, es decir, sin delito.