Gobierno descarta impunidad por decisión de la Corte Penal por el 18-O

Organizaciones de derechos humanos lamentaron la resolución que desestimó iniciar una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el llamado estallido social

La Oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional notificó a Chile su decisión de no iniciar un examen preliminar de la denuncia en contra del Presidente Sebastián Piñera, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el llamado estallido social, desde octubre de 2019.

Según los datos recabados en exclusiva por Radio Biobío, durante esta semana dicha Fiscalía envió un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras en paralelo se les está notificando a todas las organizaciones que presentaron denuncias ante la Corte.

De acuerdo a lo informado desde La Haya, se descartó que existieran antecedentes que se podrían considerar delitos donde la Corte pueda tener jurisdicción legal.

En abril pasado, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) y otras organizaciones internacionales, como la Fundación Internacional Baltasar Garzón, presentaron la denuncia a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).

El libelo apuntaba al Presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el estallido social a la fecha, puesto que consideraban que el Estado chileno no ha dado respuesta a las violaciones de derechos humanos denunciadas desde el 18 de octubre de 2019.

Asimismo, responsabilizaban a los tribunales de justicia de crear un ambiente de impunidad, abusando de la prisión preventiva contra manifestantes.

Sin embargo, según fuentes de BioBioChile, la denuncia no tenía mucha viabilidad desde el punto de vista técnico, no del fondo, porque se considera que hubo una política sistemática dada la gran cantidad de personas con lesiones oculares producto de la acción de Carabineros.

Pero para recurrir a un organismo como la CPI, se debe probar que no existe independencia en el Poder Judicial o un Ministerio Público que no esté dispuesto a investigar, con indagaciones abiertamente sesgadas.

ONG lamentan
la decisión

Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Trauma Ocular, lamentó la decisión de la Oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional.

Por su parte, Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, sostuvo que la resolución de la Corte Penal Internacional es una mala señal para la justicia internacional.

La abogada Karinna Fernández también se unió a las críticas contra el gobierno, cuestionando que se pronuncien en este caso y no en otras condenas contra el Estado, como en el caso donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra Chile por Martina, una niña a la que su isapre negó el servicio.

Gobierno

Tras confirmarse la información, desde Cancillería emitieron un comunicado de prensa valorando la decisión de la CPI.

“Con esta decisión la Oficina del fiscal, después de evaluar todos los antecedentes disponibles, descarta fundadamente que existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción, concluyendo que las situaciones que le han sido comunicadas carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las mismas”, resaltó.

Al respecto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, enfatizó que en Chile existe un Estado de Derecho y que las instituciones funcionan, descartando que haya impunidad.

“Es todo lo contrario, lo que da cuenta la comunicación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es que en Chile no ocurrieron delitos, no había una política de Estado dedicada a cometer delitos en contra de la ciudadanía, ni por parte de las instituciones policiales ni por parte del Estado de Chile”, sostuvo.

A su juicio, Galli indicó que la decisión “confirma que las instituciones en nuestro país funcionan”.