Convención y derechos sociales
– Los capítulos constitucionales no son aislados, sino forman parte de un todo y se requiere que haya un conjunto armonizado. El avance del borrador constitucional no está dando tranquilidad respecto de aquello.
Estrechándose más el tiempo disponible para debatir y zanjar la propuesta de articulado, los integrantes de la Convención Constitucional han estado apurando las votaciones.
Ello ha dado paso a un espectáculo de dimes y diretes, donde cada vez ha sido más ácido el enfrentamiento al interior del cuerpo colegiado.
Con más premura y con el estrés propio de la enorme tarea que tienen sobre sus hombros, los convencionales han aprobado una serie de capítulos, entre ellos los denominados derechos sociales.
Entre éstos, se aprobó el derecho a la salud y, respecto de él, la Convención dio su venia para un sistema de salud “universal, público e integrado” y no acogió, entre otros, la objeción de conciencia de médicos e instituciones que sean requeridos para practicar un aborto. Empero, los constituyentes rechazaron prohibir el lucro.
También se visó el derecho a la ciudad y al territorio, a “una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”.
Otros derechos aprobados fueron el derecho al cuidado, a la seguridad social y a la participación en decisiones de las empresas por parte de trabajadores y trabajadoras, a la libertad sindical, así como al reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados.
Se trata, en suma, de un conjunto prolongado de derechos sociales que busca responder a las demandas levantadas por la gente durante el denominado estallido social, de octubre de 2018.
Lamentablemente, a no todos queda claro que la sola inclusión en el texto constitucional no será suficiente para que el Estado pueda garantizar y hacer efectivos tales derechos.
Los capítulos constitucionales no son aislados, sino que forman parte de un todo y se requiere que haya un conjunto armonizado. El avance del borrador constitucional no está dando tranquilidad respecto de aquello. La Constitución debe consignar los contrapesos políticos necesarios y establecer las bases para evitar los abusos de poder.
Aún si todo ello pudiera asegurarse, se requiere desarrollo económico e ingresos de recursos a las arcas estatales para poder hacer efectivos estos derechos. En caso contrario, serán letra muerta.