Querella del gobierno en contra de camioneros que bloquearon la ruta ya está en manos de la Fiscalía

La justicia dio “luz verde” a la querella por Seguridad del Estado que presentó la delegada presidencial regional, Luz Bermúdez Sandoval, en contra de todos los que resulten responsables del bloqueo en el cruce de la Ruta 9 Norte y Avenida Eduardo Frei, a partir de la madrugada del 25 de abril.

El magistrado Ricardo Larenas la “proveyó”, acogió a trámite y derivó a la Fiscalía de Punta Arenas para la investigación de los delitos allí descritos.

“Luego de que la Confederación Nacional de Transporte de Carga anunciara públicamente que no participaría del paro de camioneros convocado, distintos camioneros que no pertenecen a ninguna asociación gremial de transporte bloquearon diversas zonas de la Ruta 5 a lo largo de todo el país, así como otros caminos y carreteras, dificultando y obstaculizando gravemente el tránsito y el libre acceso a las carreteras”.

Algo que se replicó en Punta Arenas con el bloqueo de la Ruta 9, kilómetro 1, por medio de la interposición en la vía de 10 camiones.

Para la delegada presidencial estos hechos los sanciona la Ley Nº12.927 sobre Seguridad del Estado, cuando se comete delito contra el orden público. Esto rige para “los que inciten, promuevan, inutilicen, interrumpan o dañen las instalaciones para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública”.

Y los que impidan el libre acceso a puentes, caminos u otros bienes de uso público.

Para la autoridad fue lo que sucedió en este caso, pues los imputados bloquearon las autopistas e interrumpieron el funcionamiento del servicio de carreteras, afectando con ello la provisión de servicios y bienes necesarios para el bienestar, desarrollo y subsistencia de la población de la zona.

Las conductas desplegadas por los imputados implicaron la interrupción de la libre circulación de personas.

La gravedad de estas conductas se ve reflejada en la alteración al orden público que provocaron los querellados al afectar a un sector importante de la población.

Para la delegada “en un Estado Democrático de Derecho la demanda o petición ante la autoridad para que tome determinadas medidas dentro del ámbito de su competencia no puede implicar una afectación tan intensa de los derechos del resto de los ciudadanos como medio de presión, especialmente si se considera que el correcto funcionamiento de servicios públicos y la libre circulación por el territorio del país se encuentran íntimamente asociados al ejercicio de otros derechos fundamentales, como lo son la vida, la integridad física, la libertad y seguridad personal”.

El patrocinio y poder para esta querella le fue conferido a la abogada Camila Mansilla Quedimán.