Querella contra camioneros por bloqueo de ruta

• Por ello, es destacable que la delegada presidencial no haya dudado en presentar la querella, entendiendo que las demandas de un sector no pueden implicar que se afecten en forma grave los derechos del resto de los ciudadanos y que siempre se debe privilegiar el diálogo antes que el uso de medidas tan extremas de presión.

A mitad de la semana pasada, el Gobierno de Gabriel Boric resolvió invocar la Ley de Seguridad del Estado y presentar querellas en contra de quienes resulten responsables de distintas acciones de bloqueo de rutas y caminos a lo largo del país.

Ello, luego de que la Confederación Nacional de Transporte de Carga precisara que no participaría del paro de camioneros.

Se concretó una decena de estas acciones legales y una de ellas fue la que presentó la delegada presidencial de Magallanes, Luz Bermúdez.

La decisión política de aplicar la Ley de Seguridad del Estado fue celebrada por vastos sectores, si bien también concitó recriminaciones y cuestionamientos, sobre todo al comparar esta actitud gubernamental frente a la que se ha tenido en otros casos de gran consternación pública, como es el conflicto que se desarrolla en diversos niveles en La Araucanía.

En el caso magallánico, la querella del gobierno fue acogida a trámite por el tribunal de Punta Arenas y lo derivó a la Fiscalía, a fin de que investigue lo sucedido a partir de la madrugada del lunes 25 de abril de la semana pasada.

El bloqueo de caminos y, sobre todo, de las rutas que son la columna vertebral del país y de nuestra región es grave, porque no sólo dificulta, sino que obstaculiza el libre tránsito de personas y vehículos, así como el libre acceso a las carreteras. Se compromete, de paso, el abastecimiento de productos. En suma, este tipo de acciones constituyen un delito en contra del orden público.

Por ello, es destacable que la delegada presidencial no haya dudado en presentar la querella, entendiendo que las demandas de un sector no pueden implicar que se afecten en forma grave los derechos del resto de los ciudadanos y que siempre se debe privilegiar el diálogo antes que el uso de medidas tan extremas de presión.