Condenan al Estado a pagar $105 millones a cada una de las seis ex presas políticas que demandaron civilmente

Con fecha 31 de mayo de 2022, el Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas acogió la demanda civil que presentaron seis ex presas políticas, y ordena al fisco a pagar a cada una de ellas, a título de indemnización por daño moral, la suma de $105.000.000.

Las demandantes corresponden a Vilma Mansilla Revens; Jeannette Antonín Torres; Mirna Donoso García; Magda Ruiz Méndez; Rosa María Lizama Barrientos; y Emilia del Carmen Díaz Mancilla.

Empero, el abogado de las demandantes, Pablo Bussenius Cornejo, impugnó la sentencia y presentó una apelación ante la Corte local, ya que el monto indemnizatorio está lejos de los 700 millones de pesos que pedía para cada una de las víctimas de torturas.

La indemnización de perjuicios es en calidad de víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. La demanda fue interpuesta el 9 de junio de 2020, “por apremios ilegítimos, prisión ilegal y torturas, reconocidos como tal por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”.

El 15 de julio de 2020 el fisco de Chile, debidamente representado, solicitó el rechazo de la demanda, porque “la reparación a las víctimas se ha realizado por tres principales vías: reparaciones mediante transferencias directas de dinero; reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y reparaciones simbólicas”.

Jueza

El fallo, dictado por Paula Stange Kahler, jueza suplente del Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, considera los dramáticos hechos que vivieron las demandantes, y sus particularidades. Así como también los efectos que trajo consigo, de manera concatenada y sin solución de continuidad, atribuibles “causalmente al hecho ilícito”, según declaraciones testimoniales e informes de daños acompañados a este proceso.

La sentencia rechaza las excepciones de reparación integral y prescripción. Y “acoge la demanda deducida, sólo en cuanto a condenar al fisco a pagar a cada una de las demandantes, a título de indemnización por daño moral, la suma de $105.000.000”.