Gestores de loteos advierten impacto “gigantesco” por la suspensión de parcelaciones rurales

El Ministerio de Agricultura emitió un oficio que busca suspender la certificación de las subdivisiones de predios
rústicos que pudieran vulnerar la normativa vigente, y signifiquen “una amenaza a los sistemas agroproductivos”.

Duras críticas -e incluso peticiones de renuncia- ha generado el rumbo por el cual optó el gobierno respecto al tema de las subdivisiones de predios, en medio del “boom” de parcelaciones rurales en el país -sobre todo en el sur- y las dudas respecto a la legalidad de éstas, ante un creciente interés de las personas por emigrar a zonas alejadas de las grandes ciudades.

Hace algunos días el Ministerio de Agricultura instruyó al Servicio Nacional Agrícola y Ganadero (Sag) la suspensión de la certificación de la subdivisión de predios rústicos que pudieran “significar una amenaza a los sistemas agroproductivos, al ecosistema y al equilibrio socio-ecológico de las localidades en las que están emplazados”.

Lo anterior, según Minagri, se dispuso luego de que se constatara la proliferación de proyectos de loteos (parcelaciones) en áreas rurales que estarían vulnerando la normativa vigente, simulando que continúan el destino agrícola del predio cuando en realidad cambian a destino habitacional.

Asimismo, el Ejecutivo señala que la determinación responde al deterioro de los sistemas agroproductivos y del equilibrio ecológico donde se desarrollan, amenazando la sustentabilidad local, entre otros aspectos.

Impacto sobre suelos

La medida ha suscitado una fuerte crítica entre empresas ligadas al rubro de desarrolladores de proyectos inmobiliarios, loteos y parcelas, desde donde señalan que esta herramienta legal, ahora cuestionada, ha sido utilizada por más de 40 años.

Mario Anfruns Bustos, gerente general de Anfruns Propiedades, manifestó que “la modificación y la prohibición para continuar con este sistema atentan contra los principios básicos del respeto a la normativa vigente y es por eso que urge una nueva ley que se adapte a la realidad que hoy vivimos de migración desde la ciudad al campo por una calidad de vida mejor”.

Anfruns advirtió que “de no hacerlo, traerá consecuencias impredecibles en cuanto al valor de los terrenos e incluso aumentando artificialmente el precio de los proyectos de subdivisión aprobados antes de la prohibición”.

En la misma línea, Tomás Prado, presidente de la Asociación Gremial Chile Rural, entidad que agrupa a unas 50 empresas del sector inmobiliario y proyectos de loteos y parcelas, afirmó que “el impacto es gigantesco, porque de un día para otro cambiaron las reglas de forma arbitraria e ilegal, no hay rubro que resista bien un impacto así”.

Consultado por los efectos de esta modificación, Prado explicó que “el impacto puede ser más amplio, no sólo en el aumento de los precios de los terrenos, sino en los arriendos o en las ventas de casas y departamentos. Chile tiene un gravísimo déficit habitacional, y esta medida lo único que ayuda es a incrementarlo”.

Críticas al ministro

El mundo político tampoco se ha quedado atrás. De hecho, el senador Fidel Espinoza (PS) lanzó un duro reproche al ministro de Vivienda -también socialista- Carlos Montes.

“Lo que buscan a través de decretos es impedir que en Chile un ciudadano, o una ciudadana, pueda adquirir un terreno rural y vivir fuera de la ciudad. Creemos que no hay nada más atentatorio en una democracia, en un gobierno de centroizquierda como el nuestro, que se pretenda mediante decretos pasar por sobre la ley”, declaró.

Desde la oposición, el senador Iván Moreira (Udi), deslizó que “no corresponde que vía decretos, que son totalmente ilegales, el ministro de Agricultura pretenda prohibir, congelar que los chilenos que quieran vivir en sectores rurales, que es precisamente la clase media, puedan acceder a poder vivir en una zona rural o una pequeña parcela”.

“En cualquier país serio ya estaría renunciado el ministro de Agricultura (Esteban Valenzuela). Esperamos que el gobierno rectifique, esta no es la primera vez que el ministro de Agricultura se excede en sus atribuciones. Carece de idoneidad para el cargo. Exigimos la renuncia del ministro y que la Contraloría actúe de oficio frente a este atropello al Congreso Nacional”, apuntó.

Emol