Primer debate multimedial confrontó las principales ideas del Borrador Constitucional
- En la Sociedad de Instrucción Popular expusieron sus ideas sobre el borrador, los ex constituyentes Elisa Giustinianovich, Rodrigo Alvarez, Mauricio Daza y Katerine Montealegre, con la moderación de las periodistas Elia Simeone, María Pastora Sandoval y Marcelo Pérez.
Quedan exactas dos semanas para el Plebiscito de Salida en que el Borrador Constitucional será puesto al escrutinio de los chilenos, a través de las opciones Apruebo o Rechazo. A la espera de este proceso, la Sociedad de Instrucción Popular organizó un debate en que se unieron tres medios de comunicación: Meridional Radio, ITV Patagonia y La Prensa Austral, cuyos periodistas María Pastora Sandoval, Marcelo Pérez y Elia Simeone, respectivamente, procuraron realizar preguntas que permitieran a la ciudadanía votar mejor informada sobre la propuesta constitucional.
En este debate se realizaron tres bloques, la primera con preguntas abiertas a cada interviniente, otro de interrogaciones particulares y un tercer espacio para interpelaciones.
Algunos de los temas más relevantes que se abordaron en la primera parte de este debate, que será retransmitido esta noche, después de ITV Noticias, son presentados a continuación.
Acceso a derechos sociales y rol del Estado
Rodrigo Alvarez: “Son 112 derechos y más de veinte libertades, la Constitución con más derechos de la historia del mundo y la respuesta a la gran pregunta de dónde obtenemos los recursos, sobre todo para poder potenciar los derechos sociales. Y ese es uno de los grandes defectos de la propuesta: no hubo un análisis adecuado ni de las políticas públicas necesarias para entregar estos derechos ni de los recursos necesarios, hoy tenemos dos informes independientes que nos dicen que para poder cumplir esto se requieren entre 8 y 12 puntos del Pib eso es 3,5 veces la reforma tributaria que haciendo el Presidente Boric, es cierto, hay una norma de progresividad, pero eso debe ser mucho más explicitado a la ciudadanía. Creo que la mayor preocupación que debemos tener es que no están los recursos ni las políticas públicas necesarias para la implementación de esta propuesta”.
Mauricio Daza: “Una Constitución es un espacio donde definimos lo que queremos ser como país, cómo organizamos el poder, cómo determinamos los derechos y garantías que queremos entregarnos como país. No es un programa de gobierno ni la Ley de Presupuesto ¿Ustedes creen que cuando se debatió la Declaración Universal de los Derechos del Hombre se discutió cuánto iba a salir? Por lo tanto no hay problema que haya 112 derechos, y además, en ese contexto se señala en el Artículo 20 que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para lograr de manera progresiva la plena satisfacción de estos derechos. Por lo tanto, confundir en la práctica lo que es un programa de gobierno o la Ley de Presupuesto con lo que es el objetivo de la Constitución, creo que es un error. Si ese 12%, que para mí no es mucho, porque el 1% del país se lleva el 30% del Pib a la casa todos los años, me parece una distribución equitativa y son objetivos que se pueden lograr al corto y mediano plazo”.
Elisa Giustinianovich: “Extrañamente, se han hecho estimaciones de cuánto nos va a costar como país implementar esta propuesta de cambio constitucional y digo extrañamente porque parece que nunca antes se hicieron este tipo de estimaciones. Y aún así es totalmente sobrellevable con un crecimiento de aproximadamente un 2% del Pib anual en menos de diez años, entonces por qué nos estamos poniendo techos de manera tan anticipada y no lo vemos como un desafío país. Por qué no nos preguntamos cuánto nos ha costado como país seguir manteniendo un Estado subsidiario, cuántos billones de pesos nos cuesta sostener el Cae, por ejemplo, me parece mucho más prudente hacernos esta pregunta. Cuánto se ha desangrado el Estado para poder sostener, vía intermediarios y empresas privadas, lo que debieran ser garantías sociales y es a eso a lo que apostamos”.
Katerine Montealegre: “Cuando escucho que se plantea que el borrador no es un programa de gobierno, yo me pregunto si lo que se escribió en el borrador es una Constitución o un programa de gobierno. Porque tiene tanto detalle que incluso plantea y consagra el derecho a la lectura, el derecho a las prácticas corporales, al ocio, pero en temas tan importantes como los derechos sociales que eran un avance, no se consagran los derechos y libertades como esperaban los chilenos. En materia de pensiones, ¿era tan difícil consagrar que los trabajadores eran dueños de sus ahorros previsionales y que el Estado en ningún caso podía expropiarlos o nacionalizarlos? En vivienda, se consagra el derecho a la vivienda, pero no propia, aún cuando presentamos diferentes indicaciones para consagrarlo. Todas aquellas solicitudes por parte de la ciudadanía, especialmente en temas de seguridad quedaron consagrados, con grandes titulares, pero con mucha letra chica. Y en temas de financiamiento, vemos cómo se habla de una gran Carta Magna, con más de cien derechos, pero cómo la financiamos si no hay financiamiento, sigue siendo letra muerta”.
Propuesta de gobiernos regionales con amplias facultades
Giustinianovich: “Chile es el país más centralizado de América Latina y el segundo más centralizado de los países Ocde. El 42% de la población chilena vive en la capital, que concentra el 48% del Pib nacional. Magallanes redujo su participación en el Pib en 1980, a propósito de la Constitución actual, del 2.3 al 0.9% y el 84.7% del gasto público se decide y ejecuta por la administración central. Por eso nos tomamos muy seriamente las asimetrías estructurales y recorrimos ocho comunas con la Comisión de Forma al Estado y realizamos esta propuesta audaz para hacer un giro desde un Estado unitario a uno regional. Y las claves son la solidaridad interregional, la cooperación entre las entidades territoriales y equidad horizontal”.
Montealegre: “Yo era una de las personas que más quería que la descentralización fuera un aspecto clave de la nueva Constitución, pero se desaprovechó esa oportunidad y el consenso político que existía ¿Qué se hizo? Cambios profundos que significan cambios experimentales para Chile, porque en vez de avanzar en descentralización se creó un Estado regional que no se circunscribe a la realidad de nuestro país y que ve su planteamiento en países como España y como Italia, que tienen una realidad totalmente distinta, esto creando autonomías territoriales indígenas, territorios autónomos como las comunas y regiones autónomas, todas con autonomías financieras, políticas, administrativas, y también autogobierno, más cargos públicos, más gasto de recursos ¿quién los paga? las mismas regiones”.
Alvarez: “El Estado regional tiene series deficiencias. Tengo la duda si van a resultar, por la construcción legal que se ha hecho. La mayor parte de estas instituciones van a estar derivadas a una ley en el futuro y porque hay una pieza del sistema político que a mi modo de ver quedó mal, que es la eliminación del Senado, que para Magallanes es una pésima noticia. Del punto de vista financiero, que estoy totalmente de acuerdo en la entrega de estas autonomías financieras a las regiones, me parece que no quedó adecuadamente construida”.
Daza: “Se dice que no hemos avanzado en descentralización. Yo estoy seguro que Magallanes no quería descentralización, quería autonomía, para que no se esté esperando la confirmación desde el poder central para tomar las medidas en la región y además, que se le entregue un marco presupuestario, un conjunto de recursos para que la región pueda definir qué y cómo se van a gastar los recursos de la región, creo que eso es lo que quiere Magallanes. Se dice que se va a eliminar el Senado, pero lo vamos a reemplazar por una Cámara de las Regiones, donde Magallanes va a tener más representación política, porque a diferencia del actual sistema, podrá elegir el mismo número de representantes en esa cámara que todo el resto de las regiones, independiente de la población que tenga, incluido Santiago”.
Pueblos originarios
Daza:“Los primeros cinco artículos son claros: el Estado de Chile es uno, su territorio es único e indivisible, la soberanía se radica en el pueblo de Chile. Pero también hacemos otro ejercicio, mirarnos por primera vez en una Constitución en un espejo y reconocer que somos diversos y que esa diversidad nos hace más fuertes. Y en el artículo quinto párrafo primero, se reconoce la existencia de pueblos originarios, pero en la unidad del Estado y esto es reconocer una realidad, porque Chile va a ser una plurinacionalidad cualquiera sea el resultado del plebiscito. Y con respecto a los sistemas de justicia indígena es reconocer una práctica que se ha dado en los hechos, que los miembros de una comunidad, para resolver muchos de sus problemas, recurren a sus propias autoridades para que las resuelvan a partir de sus usos, costumbres y tradiciones, pero esos sistemas no van a operar hasta que haya una ley que lo establezca y logramos definir que en el ámbito penal ninguna persona podrá ser condenada por un delito que no sea establecida en una ley y los pueblos indígenas no definen leyes”.
Giustinianovich: “Somos un país plurinacional lo diga o no una nueva Constitución y eso debiera enorgullecernos. Negar esta realidad nos ha traído división y hay un profundo resentimiento y un autodesprecio que nos ha traído esta clase de políticas que se vienen arrastrando hace más de dos siglos. Estamos apostando a reconocer, incluir y validar esa diferencia para avanzar en igualdad, equidad, para una mayor cohesión social. Y respecto al pluralismo jurídico, no es nada nuevo. En la Ley Indígena de 1993 en su artículo 54 se reconoce que la costumbre de los usos indígenas puedan ser reconocidos como derecho vigente, siempre que no se opongan a la Constitución. Ahora, incluso, le estamos poniendo límites, porque estamos poniendo como techo la Constitución, los tratados internacionales y excluyendo las materias como el derecho penal. Sin embargo, se ha instalado una pantalla de humo, se ha magnificado el tema indígena como si ocupara el 50% de la Constitución y no alcanza el 7%”.
Montealegre: “Cuando escucho que esto no es nada nuevo, me preocupo. Yo nací en un país llamado Chile, en un Estado nación unitario, y en ella se encuentra una enriquecedora diversidad de personas que contribuyen a hacer grande este país ¿No hay nada nuevo que ahora seamos 12 naciones distintas, todas con autogobernanza, con sistema de justicia distintos, con tratos distintos, leyes distintas, autodeterminación e incluso reconocimientos expresos de la forma de autodeterminarse, con autonomías territoriales indígenas propias, territorios? ¿no es eso dividir y fragmentar a Chile? Yo por lo menos, sí veo algo nuevo, veo cambios refundacionales, que se van a tener que producir de inmediato, apenas se apruebe esta Constitución en caso de hacerse. Eso a mí me preocupa, porque se termina con la igualdad ante la ley, una conquista del derecho en tratar a todas personas por igual, independiente de su raza, de su condición, de su incluso posición económica o política ¿qué hace la Convención Constitucional? Hace distinciones por raza o por etnia, una distinción que no se hacía desde el tiempo del nazismo”.
Alvarez: “Considero las soluciones que da la Constitución en cerca de sesenta normas, absolutamente desmedidas, no por el reconocimiento a la existencia de once naciones o pueblos originarios, a sus medios de educación, salud, lenguaje o identificación jurídica, sino que por todo el resto de elementos que no hemos definido, donde habrá autodeterminación libre de gobierno, y por supuesto, todas las competencias financieras, política-administrativas, sistemas jurídicos extraordinariamente complejos, autoridades propias, escaños reservados, protección especial, restitución de las tierras… creo que esa visión nos va a llevar a un problema de tensión social gigantesca. Una cosa es reconocer con orgullo la existencia de una plurinacionalidad y otro es el desmedido marco jurídico, político y normativo que consagra esta Constitución”.
Derecho a la educación y prohibición de lucro
Montealegre: “Lo que hoy tenemos consagrado no solamente a nivel internacional sino también en el derecho comparado e incluso en nuestra actual Constitución y legislación era el piso mínimo, que era tener el derecho preferente a los padres y apoderados para educar a sus hijos, libertad de enseñanza correctamente entendida, el derecho a poder crear establecimientos educativos con proyectos distintos a los estatales, pero especialmente, consagrar el foco especialmente en la calidad. Todas esas propuestas y derechos que buscamos consagrar en el borrador fueron rechazados en innumerables ocasiones. La convención constitucional lo que hizo fue desconfiar de los padres eliminando el derecho preferente a educar a sus hijos, no garantizándole el financiamiento a aquellos papás y estudiantes que eligen proyectos educativos que son distintos a los estatales y que no son la minoría. El 85% de los estudiantes universitarios elige universidades no estatales, el 55% de la matrícula en Chile pertenece a los establecimientos particulares subvencionados, el 92% de la educación especial pertenece a la educación particular subvencionada. Lo que hizo la convención fue desconocer la realidad chilena, no escuchar a la ciudadanía y establecer un retroceso en materia educacional”.
Alvarez: “La Constitución hoy día decía que el derecho preferente a educar a sus hijos era de los padres y para mí, ese es un elemento central de todo modelo educativo. La única alusión a los padres que tiene este texto es que podrán tener la libertad para escoger el colegio de sus hijos, cosa que para muchos padres es absolutamente absurdo y además eso limita a un aspecto de la educación. El elemento central que había que destacar y que se rechazó era consagrar una vez más que el derecho preferente a educar a sus hijos corresponde a los padres. Segundo, el tema del financiamiento. Tenemos el problema que la Constitución es una norma jurídica que mañana se va a tener que interpretar por un Congreso, un Tribunal o Poder Ejecutivo y la norma en el artículo 36 número 7 quedó mal incluida, porque cuando se refiere a financiamiento público para el sistema nacional tiene una base en los colegios públicos. Yo espero que esto haya sido sólo un error y que sea una de las primeras reformas si se llega a aprobar este texto, que espero que no ocurra, sería uno de los primeros cambios que hay que hacer, porque el financiamiento va a estar garantizado y así lo dijeron algunos de los que están con el ‘Apruebo para reformar’ es absolutamente indispensable que quede totalmente consagrado esos fondos públicos para los colegios subvencionados. Ni el derecho preferente de los padres ni exactamente el financiamiento para los colegios quedó adecuadamente garantizado”.
Daza: “Parece que estoy medio perdido y estamos leyendo constituciones distintas. Artículo 41 de la propuesta de nueva Constitución, párrafo segundo, ‘se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Esta comprende la libertad de madres, padres, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo. Se dice que no van a existir los colegios particulares, eso es falso. El artículo 36 en su párrafo primero señala que el Sistema Nacional de Educación se integra por colegios públicos y por aquellos reconocidos por el Estado, lo cual obviamente, son los privados. Se establece un mandato, efectivamente, para financiar los colegios públicos, pero no existe ninguna prohibición para los efectos de poder entregarle subvención a colegios particulares. La única restricción es que no pueden lucrar. Y además, la Ley General de Educación se mantiene vigente a partir de la disposición segunda transitoria, entonces, toda esta idea de que se van a eliminar los colegios privados no se condice con el texto de la propuesta de nueva Constitución”.
Giustinianovich: “Uno de los peores legados que nos dejó la Constitución de 1980 fue el desmantelamiento de uno de nuestros mayores orgullos, la educación pública. El deber preferente ya había sido recogido por la Constitución de 1833 y refrendado por la de 1925. Sin embargo, la de 1980 desmanteló la educación pública devolviéndonos al siglo XIX y esto me parece gravísimo. Es por esto que la nueva Constitución restablece el deber primordial e ineludible del Estado para con la educación pública y para ello propone la creación de este Sistema Nacional de Educación que no solamente resguarda la libertad de enseñanza como menciona Mauricio en su artículo 41 y resguarda la libertad de madres, padres de elegir la educación de sus niños, niñas, a su cargo, sino que también garantiza la inclusión, promueve la cooperación, la justicia, la no discriminación y excluye el lucro, justamente para que las instituciones se preocupen de mejorar las condiciones en que se lleva a cabo una labor tan fundamental en una sociedad como es la labor educativa, así que me parece que son totalmente infundadas esas afirmaciones respecto a que se coarta la libertad de enseñanza, la libertad de padres y madres para elegir la educación de sus hijos”.
