Razones para rechazar

El próximo 4 de septiembre los chilenos tendremos que tomar una decisión fundamental: aprobar una propuesta constitucional refundacional, con importantes defectos jurídicos y con múltiples excesos; o rechazarla, en aras de continuar la búsqueda de consensos que nos permitan disfrutar de una Carta Fundamental que nos una.

Si bien existen múltiples razones para rechazar la propuesta de la Convención, considero que las más relevantes son aquellas que abordaré a continuación.

Primero, la propuesta lejos de solucionar la crisis política, podría agravarla. En efecto, la ausencia inexplicable de normas sobre el sistema electoral y los partidos políticos solo mantendrá -o agravará- la atomización que vemos hoy, dificultando la gobernabilidad. Se trata de un elemento esencial para viabilizar cualquier tipo de promesa de gobierno que se proponga y para garantizar un mínimo de estabilidad y continuidad jurídica.

Segundo, porque es una propuesta partisana. Escrito al gusto de una mayoría circunstancial, la propuesta se asemeja a un programa político partidario e implica una fractura profunda en el tejido social, alejando a una importante parte del país que se ve imposibilitada de sentirse parte de aquello que debería ser naturalmente común. Aquí, lamentablemente, existieron vencedores y vencidos.

Tercero, porque establece discriminaciones arbitrarias e inaceptables en función de nuestro origen, otorgándole verdaderos privilegios a los pueblos originarios. Si bien Chile tiene una deuda con sus pueblos originarios, la propuesta constitucional -en vez de construir una diversidad en la unidad y la cooperación- implanta un modelo de fragmentación total, que en último término solo debilita a las regiones que queríamos fortalecer y separa injustamente a los chilenos.

Cuarto, porque se incorporan una serie de normas y principios que afectarán el desarrollo de múltiples actividades empresariales y productivas. Actividades que, por cierto, son esenciales para el crecimiento de nuestro país. El crecimiento, término olvidado e incluso cuestionado por la Convención, es fundamental para poder avanzar en materia de derechos sociales y para erradicar la pobreza. Por ello, es lamentable la poca rigurosidad de la Convención al regular el estatuto de los bienes comunes naturales, al confiscar los derechos de aguas de miles de personas y al permitir que el Estado pueda desarrollar actividades empresariales afectando derechos básicos de los emprendedores. Es por ello que el desarrollo de diversas industrias se verá debilitado, afectándose por consiguiente la calidad de vida de millones de personas a lo largo de nuestro país.

Finalmente, porque la propuesta de la Convención es una preocupante amenaza a la independencia de los jueces, toda vez que se encarga a un solo órgano -de composición discutible, al estar integrado en parte por miembros designado por el poder político- un grupo de atribuciones especialmente importantes para la función jurisdiccional. La dependencia, que debe evitarse a toda costa para garantizar los derechos de los ciudadanos, compromete la imparcialidad de los jueces.

Los chilenos y chilenas somos personas sensatas y razonables. Sabemos que cuando algo no funcionará o lo hará causándonos un perjuicio, lo mejor es aprender de la experiencia y comenzar de nuevo. Seamos responsables y optemos por la alternativa que más seguridad otorga a las futuras generaciones: el rechazo de la propuesta de la Convención y un acuerdo amplio para avanzar en la búsqueda de una Carta Fundamental que una a nuestro país y que nos sirva para enfrentar los importantes desafíos a los que nos vemos -y veremos- enfrentados.