RN pide a Contraloría investigar contrato de pareja de embajador Velasco en Subsecretaría de Cultura

Tres diputadas de Renovación Nacional, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, solicitaron un pronunciamiento de la Contraloría por el contrato a honorarios de la pareja del embajador de Chile en España, Manola Pérez, pese a vivir fuera del país.

El requerimiento lo realizaron Sofía Cid, Catalina del Real y Ximena Ossandón, quienes además piden que se investigue la legalidad del contrato, ya que se habría firmado cuando Pérez se encontraba fuera de Chile.

Según revelan en un comunicado, a través del portal de Transparencia, Manola Pérez figura desde octubre con una remuneración bruta de $600 mil en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes.

Allí cumpliría la función de “apoyo en la coordinación y seguimiento asociados al Fondo de Fomento del Libro y la Lectura”.

Ante eso, en el oficio enviado por las tres parlamentarias de oposición, destacan que la Dirección del Trabajo establece que los trabajadores a honorarios no se rigen por el Código del Trabajo, por lo que cualquier beneficio al que tengan derecho dependerá del acuerdo al que haya llegado con quien hicieron el contrato.

Además dejan constancia que Pérez tiene registrados sus datos electorales en Madrid.

“Se hace necesario saber cómo se suscribió el contrato y si la lejanía es compatible con la naturaleza de las funciones que Pérez realiza en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes”, indican en el escrito.

La diputada Sofía Cid explicó que “hemos enviado a Contraloría una consulta para saber los detalles de la contratación de Manola Pérez”, quien se encuentra en vivienda en España y es pareja del actual embajador de Chile en dicho país, Javier Velasco.

Su par, Ximena Ossandón agregó que “acá no se pone en duda la idoneidad profesional de nadie, sino más bien la regularidad de un procedimiento administrativo que termina en la contratación a honorarios de alguien que, entendemos, tiene residencia a miles de kilómetros de Chile”.

A juicio de Catalina del Real, la contratación a honorarios de la pareja del embajador de España es “una nueva prueba del uso de las mismas prácticas de la ‘vieja política’, como denominaron y criticaron los actuales personeros de gobierno”.