426 deudores de pensiones de alimentos en Magallanes han ingresado a Registro Nacional

• A nivel país, los morosos superan las 50 mil personas.

Una deuda de casi 100 millones de pesos arrastran los más de 400 morosos que en Magallanes pasaron a engrosar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Así lo informó la ministra presidenta de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Caroline Turner González.

La alta magistrada recordó que este registro comenzó a operar en noviembre del año pasado y que a la fecha hay 426 solicitudes activas en la región, que involucran una suma total de 99 millones 110 mil 450 pesos.

El objetivo de este Registro Nacional es promover y garantizar el cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos. A éste ingresan quienes adeudan tres meses continuos o cinco descontinuos de pensión de alimentos.

El procedimiento puede ser solicitado por la parte acreedora o de oficio por el tribunal si se dan los requisitos establecidos por la ley. Para ello, debe existir una causa de cumplimiento de alimentos en el Tribunal de Familia respectivo, donde se pide una liquidación para conocer el total del monto adeudado y los periodos impagos.

Las consecuencias

Quienes ingresan al Registro enfrentan una serie de consecuencias, como, por ejemplo, que la municipalidad no dé curso a su solicitud de licencia de conducir; que el Registro Civil no dé curso a su solicitud de pasaporte; retención de la devolución de impuestos; si el deudor vende un vehículo o un inmueble, se puede impedir la inscripción de la compraventa, si no se dan las garantías que aseguren el pago de la deuda de la pensión de alimentos o no se hayan realizado las retenciones y pagos establecidos; retención de remuneraciones, honorarios, ciertas pensiones e indemnizaciones por términos de relación laboral, además del embargo de bienes, entre otras medidas establecidas por la ley.

En esa línea, el 20 de mayo comenzará a regir la Ley 21.484 de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, normativa que permite al respectivo juzgado indagar la existencia de fondos e instrumentos de inversión que posee el deudor en las instituciones bancarias y financieras.

Al 21 de marzo los Juzgados de Familia del país han ingresado 50.432 personas al sistema, lo que suma un total de 65.100 millones de pesos de morosidad.

En esta materia se estableció un acuerdo con BancoEstado para que las cuentas a la vista que se deben tener para el depósito de las pensiones de alimentos sean creadas directamente en la audiencia y sin burocracia con el fin de facilitar el cumplimiento del pago. En dos semanas de funcionamiento, ya se han abierto en esta modalidad 2.929 cuentas a nivel nacional.