Haitianos se mostraron conformes con la actuación de la justicia, aseguró la fiscal

“Estamos bastante conformes con todo”, afirmó ayer la fiscal Wendoline Acuña Aliaga, al ser consultada por el fallo de la Corte de Apelaciones que confirmó los cinco años de cárcel para Jaime Cabrera Almendra, a quien llevó a juicio por el delito de “trata de personas, con fines de trabajo forzado”.

El defensor Mario Elgueta apeló ante la Corte Suprema, pero el máximo tribunal remitió los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, instancia que no hizo más que ratificar la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal, que por dos votos a uno encontró culpable al acusado.

Elgueta confiaba en el voto de minoría del magistrado Cristián Armijo, que fue del parecer de absolver, pero al final no fue así, ratificándose el fallo de primera instancia y con esto los cinco años de cárcel.

Larga investigación

Fue “una investigación ardua”, comentó la fiscal , que implicó un trabajo en equipo muy grande.

Las víctimas eran 8 ciudadanos haitianos, y no todos estaban en Chile al iniciarse el juicio oral. “Hubo que ubicarlos a todos para que se presentaran al tribunal, una tarea nada de fácil, al igual que los peritos y las pruebas que llevamos a juicio”. 

Se requirió de mucha coordinación. “Fue un trabajo importante que tuvo sus frutos en el fallo de primera instancia que decidió condenar al señor Cabrera como autor del delito de trata de personas con fines de trabajo forzado”.

“Posteriormente, destacó Acuña, pese al recurso de nulidad de la defensa, la Corte de Apelaciones estimó rechazarlo y quedó a firme la sentencia. Con esto logramos demostrar categóricamente que este señor efectivamente cometió el delito de la forma en que nosotros lo planeamos en nuestra acusación”.

Dijo que cada una de las víctimas ya fue informada del resultado del fallo final, “y todos se mostraron bastantes conformes con que se haya hecho justicia por todo lo que sufrieron cuando ocurrió esta situación”.

Haitianos

Fue el año 2018 cuando Cabrera decidió reclutar a ocho ciudadanos haitianos quienes, según la denuncia realizada por ellos mismos, los hacían trabajar en condiciones inhumanas. 

La fiscal logró establecer en su investigación la veracidad de las denuncias, cuando los llevaron a un sector apartado de la capital de Ultima Esperanza. Allí vivieron en una instalación de material ligero, sin servicios básicos, luz, agua potable, calefacción y alcantarillado.

Un lugar del cual no podían salir porque desconocían por completo la forma de hacerlo, ya que apenas llegaron a Chile se trasladaron al sur, sin conocer nada de nuestro país.

Fueron contratados para recolectar, limpiar y almacenar turba, con jornadas de trabajo que partían a las 7 de la mañana y se extendían hasta las 20 horas, en jornadas de lunes a domingo.