50 años, como si fuera ayer…

El ser humano, a pesar de la caótica vida, es particularmente estructurado en determinadas acciones: “El lunes me pongo a dieta”, “A fin de mes comienzo mi plan de ahorro”, “El próximo año viajo a ver a mis padres” y así le asigna a determinadas fechas importancia o trascendencia que, pareciera, debe llagar con el tiempo.

Algo así ha pasado con los 50 años del golpe de Estado en Chile, pues pareciera que, con sólo desearlo, este particular número traería una serie de bondades y lecciones que, a la postre, parece que no se han concretado.

En efecto, se han  generado dos declaraciones: la denominada “Compromiso de Santiago” promovida por el gobierno y que consta de cuatro puntos: a) cuidar y defender la democracia, respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho ante amenazas autoritarias y la intolerancia, b) enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia, c) defender el valor y promoción irrestricta de los derechos humanos, y d) fortalecer la colaboración entre Estados a través de un multilateralismo maduro y respetuoso de las diferencias; y la declaración de la coalición de la derecha compuesta por Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente y Evópoli que expresa lo que sigue: un primer compromiso de Chile Vamos con la democracia, “comprometiéndonos a usar siempre los mecanismos institucionales como medio para resolver nuestras diferencias”, un segundo compromiso con la Constitución y las leyes, “respetando en toda acción el Estado de Derecho”, el tercer compromiso con los derechos humanos, “propiciando su protección y respeto irrestricto en toda circunstancia y oportunidad”, el cuarto con la paz y la buena convivencia, “condenando toda expresión, movimiento o llamado que se valga de la violencia o el terrorismo para la promoción de sus ideas o el logro de sus objetivos”, el quinto compromiso con la promoción de la dignidad humana en todas sus formas, “como fuente de libertades y de garantías sociales que comprometen a todos y cada uno”, el sexto con la libertad de pensamiento y de expresión, “favoreciendo el pluralismo y la diversidad de ideas, en un ámbito de respeto, verdad y ecuanimidad”, y el séptimo es con la seguridad del país y su población, “fortaleciendo la tarea de protección y resguardando a quienes cumplen dicha labor”.   

Al respecto, nadie discute o, creo, está en contra del contenido de estas declaraciones que, por lo demás, siempre han sido una obligación para la clase política en cualquier democracia, por lo menos desde principios del siglo pasado.

El verdadero problema es la actitud de querer partir de cero sin reconocer las responsabilidades, al igual que un niño que ha cometido un error y se taima cuando se le pide una explicación y sólo repite: “Nunca más” sin aceptar ni reconocer su responsabilidad.

No puede existir convicción si se tienen dos relatos diametralmente distintos de un mismo hecho y, por supuesto, que cada uno puede interpretar la historia, explicar sus causas y consecuencias, pero cuando se trata del futuro, es necesario tener presente circunstancias que son ineludibles para avanzar y que constituyen una verdad incuestionable a la luz de los tribunales de justicia, cuya verdad judicial es lo más cercano a la material y que deben ser aceptadas, sin justificaciones, para generar un punto de partida real: a) en Chile se torturó y mató gente; b) en Chile se exilió gente y sus familias, c) en Chile se robaron bienes y se traspasó patrimonio estatal a privados sin justificación alguna a precios miserables. Todo lo demás es música y, si esto no se reconoce, sin apellidos ni justificaciones, existe gente que no ha aprendido nada y seguimos como ayer. 

Sólo dejo una pregunta final: Allende al ser elegido sacó poco más del 36% de los votos el año 1969, en la elección parlamentaria de 1973 su gobierno sacó poco más del 43% de los votos, subiendo casi ocho puntos reales, así las cosas, ¿era ilegítimo este gobierno que había subido su adhesión en menos de cuatro años?