El derecho a manifestarse y el cuidado del bien público

Muchas veces, en el desenvolvimiento diario de una comunidad se producen colisiones de derechos y para resolver estos conflictos se usan tradicionalmente dos métodos: la jerarquización y la ponderación o balancing.

Esto lleva también a considerar el debate sobre la dimensión individual y social del ser humano, toda vez que no puede entenderse la existencia de los derechos fundamentales si no tienen como objetivo la defensa y el desarrollo de todos y cada uno de los individuos.
Esto lleva a concluir que cada individuo por sí solo tiene derechos, que también existen derechos colectivos y que, entre unos y otros, el criterio común indica que las colisiones deben resolverse favoreciendo el interés común por sobre las prerrogativas individuales.  

Dentro de los derechos colectivos políticos y sociales está la sindicalización, la huelga, la participación política, entre otros. 

En Chile, el artículo 25 de la Constitución garantiza el derecho de reunión pacífica y sin armas, de conformidad con las leyes que regulen el ejercicio de este derecho, sin que pueda ser sometido a una autorización previa. 

Desde el punto de vista económico, el bien público es aquel que está disponible a todos y, en palabras del Fondo Económico Internacional, estos bienes no son excluyentes y pueden ser usados una y otra vez por cualquier persona sin que se reduzcan los beneficios que ofrecen a otros.

Es el Estado el que debe procurar y conservar estos bienes públicos, entre los que se cuentan las calles, carreteras, plazas, alumbrado público, puentes, hospitales e instituciones educativas, entre otros.

Como bienes indivisibles, su aprovechamiento es el derecho de todos y sin costos individuales, ya que pertenecen a todos y están disponibles para favorecer a la colectividad. 

Lo dicho anteriormente lleva a colegir que las personas o grupos organizados pueden manifestarse en los espacios públicos, pero este derecho tiene como límite el no afectar los bienes públicos ni alterar el orden ni la seguridad. 

En tal sentido, cabe recordar lo sucedido en el estallido social, el cual, más allá del episodio de saltar los torniquetes del metro de Santiago, tuvo como réplica en el resto del país marchas pacíficas, donde las familias, incluidos los niños y las niñas, salieron a las calles a elevar demandas como jubilaciones justas y educación de calidad. Sin embargo, a poco andar grupos radicalizados se entremezclaron con los manifestantes y comenzaron a atentar contra los bienes públicos, afectando plazas, monumentos y casonas patrimoniales, entre otros. La reciente protesta de los pescadores de la luga también significó un desmedro de un bien público, como lo es la vía de entrada y salida de la ciudad, afectando el pavimento y evitando que otros ciudadanos usaran dicho acceso. 

Nunca se debe olvidar que toda demanda ciudadana tiene como límite, entre otros aspectos, el salvaguardar los bienes comunes y la vida de los otros.