Industria salmonera registra importante baja en contrataciones por disminución en la producción

• Mientras 2022 cerró con 4.080 trabajadores directos en el sector, a septiembre de 2023 éstos llegan a 2.880.

Preocupación existe en la Asociación de Salmonicultores de Magallanes por el panorama que ese sector productivo enfrenta en la actualidad.

Ha habido una baja en la actividad de la salmonicultura, que se traduce en menor producción, menor cosecha y menor contratación de trabajadores directos. Sólo considerando el número de trabajadores, 2022 cerró con 4.080 funcionarios, mientras que a septiembre de 2023 éstos llegan a 2.880. 

La gerenta general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Francisca Rojas, señaló que a la baja producción que se aprecia este año se proyecta una caída del 30% en la siembra. “Eso es súper relevante, porque no se va a visibilizar hoy, pero sí el segundo semestre del próximo año. El otro año vamos a tener otra caída de la producción y eso se traduce de nuevo en menor contratación de empleo y, por supuesto, también en lo que significan los empleos indirectos, con proveedores de servicios que también han estado a la baja, ya sea en transporte o en plantas de procesos”, dijo.

La baja en la siembra está relacionada con empresas que están implementando sus planes de cumplimiento ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).

“El problema que tenemos con respecto a esta baja en los centros de cultivo que están operando es que necesitamos poder despejar los permisos que están detenidos y que impiden que la industria pueda compensar esa baja con otros centros de cultivo que se puedan poner en actividad. Y eso es lo que más nos tiene complicados, sobre todo pensando en el largo plazo”, argumentó.

Se han sostenido conversaciones con autoridades de la región como el delegado presidencial y algunos seremis, a quienes se les han planteado estas inquietudes. Está también pendiente un encuentro con el gobernador regional, ya que la idea es plantear la preocupación de la industria por el escenario que se está viviendo y “cuál va a ser la postura de las autoridades y las instituciones para el futuro otorgamiento de permisos. Esto tiene relación con las concesiones acuícolas que están detenidas y que se contraponen con las solicitudes de Ecmpo (Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios)”.

En ese contexto, en la actualidad hay 84 solicitudes de concesiones acuícolas en la región, de las cuales 60 están detenidas ya que se contraponen con las solicitudes de Ecmpo. Por ello, la ejecutiva planteó que “es muy relevante para la industria que se despeje la duda de qué va a ocurrir con estas solicitudes de Ecmpo, porque algunas están en Conadi y otras están listas para ser evaluadas en Comisión Regional del Uso del Borde Costero. Estamos solicitando que se convoque a la comisión para que se defina qué va a ocurrir, porque esto permite ir despejando dudas”.

Otro problema que afecta al sector es la judicialización de la actividad. Por ejemplo, hay concesiones acuícolas a las que se les aprueba su resolución de calificación ambiental, pero una vez que esto ocurre ONG externas judicializan esas mismas resoluciones, lo que detiene el proceso productivo. En la actualidad hay 9 concesiones acuícolas que están en esa situación y no pueden operar mientras el Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia, entrega una definición al respecto. 

A eso se suma que en los últimos dos años no se han entregado nuevas solicitudes de resolución de calificación ambiental para la industria de la acuicultura.

Fiscalizaciones

Según explicó Francisca Rojas, este sector de la industria ha fortalecido sus esfuerzos por trabajar en forma sustentable y amigable con el medioambiente, que se traduce en una tecnologización de los procesos, o en el contacto con las comunidades que forman parte del borde costero para favorecer acciones como la limpieza de playas.

Sobre las fiscalizaciones a la industria de los salmones, la ejecutiva destacó este tipo de acciones porque permiten transparentar el quehacer de esta actividad.

Dijo que en general la salmonicultura es uno de los sectores más fiscalizados a nivel nacional. Sólo en 2021 hubo 1.400 fiscalizaciones, donde el cumplimiento superó el 96%.

43% de los centros de cultivos
funcionan en áreas protegidas

Tiempo atrás la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, manifestó la intención de sacar a la industria de la salmonicultura de las áreas silvestres protegidas, lo que resulta preocupante para el sector ya que estas empresas operaban en esas zonas antes de que fueran definidas como áreas protegidas. De concretarse esto, significaría eliminar el 43% de los centros de cultivo a nivel nacional, lo que Francisca Rojas califica como “un golpe muy fuerte a la producción, al trabajo y a los proveedores”.

Enfatizó: “A nosotros nos preocupa la visión que tiene el gobierno respecto de la salmonicultura. Debemos tener una visión compartida entre el gobierno y el sector privado para trabajar en una perspectiva regional y cómo la industria es importante para la economía y para todos los magallánicos. Entonces debemos despejar dudas e incertidumbres”.

La representante de los salmonicultores de Magallanes insistió en que resulta muy relevante preservar el patrimonio natural, pero también las autoridades deben dar señales de un trabajo conjunto con una industria que, de lo contrario, corre el riesgo de desaparecer.