Fiscalía Universitaria de la Umag aspira a agilizar investigaciones y sumarios en la casa de estudios

La Universidad de Magallanes creó una Fiscalía Universitaria, con el objetivo de sustanciar y supervisar los diversos sumarios, investigaciones sumarias y procedimientos administrativos de la casa de estudios. 

La unidad depende de la Secretaría General de la Umag y fue oficializada por resolución en agosto de 2022.

La directora a cargo es Ivonne Araya Leal, a quien se suman la fiscal de Género y Diversidad, Verónica Garrido Ortega, y una profesional de apoyo. 

Según explicó Ivonne Araya, “nuestro primer objetivo es ejercer con autonomía la investigación y resolución de todos los procedimientos disciplinarios de la institución. El segundo es acortar los plazos en su tramitación, y el tercero es cerrar todos los procesos disciplinarios antiguos en curso. En suma, queremos demostrar que la institucionalidad funciona”.

El tercer objetivo surgió a propósito de una constatación. “Son 65 procedimientos llevados por distintos académicos, que estaban abiertos y dispersos en diferentes Departamentos, con una demora de más de dos años; incluso, algunos desde 2012”. 

La cifra equivale al 60% de los casos actualmente en curso, lo que no sólo crea inseguridad jurídica para todos los intervinientes, dice, sino que también obliga a buscar apoyo para finalizarlos. Reconoció que “no dábamos abasto con Verónica, pero nuestra petición tuvo acogida en nuestro rector y las autoridades superiores y, a contar del 1 de agosto, ingresó a contrata la abogada Pamela Mercado Díaz”.

La acumulación de casos se dio porque “el informe llegaba al rector, pero no se dictaba la resolución de término; o nunca se notificaba a las personas intervinientes, ni se conocían los pasos posteriores a la presentación de un recurso”. Por eso, una de las tareas es lograr que la comunidad universitaria maneje más información. 

Denuncias 

Las denuncias en la Umag se dividen en dos grandes grupos. La Fiscalía Universitaria recibe todo lo referente al protocolo laboral y al derecho administrativo en general, abarcando desde el no pago oportuno de una factura, hasta una falta grave a la probidad o vulneración de derechos laborales. 

La Fiscalía de Género y Diversidad, en tanto, es responsable de sustanciar y supervisar procedimientos destinados a determinar la responsabilidad administrativa o estudiantil, frente a actos que atentan contra la dignidad humana, en especial, aquellos hechos constitutivos de acoso sexual, violencia y discriminación de género.

Las del primer grupo, son presentadas vía web o, directamente, en las oficinas de la Dirección de Género. En ambos casos -ya sea por formulario electrónico o por oficio- su admisibilidad es evaluada por un Comité de Protocolo Laboral que, en caso de acogerla, dicta una recomendación al rector, quien tiene la misión de enviar su visto bueno a la Secretaría General, desde donde sale una resolución que encarga a la Fiscalía abrir un proceso disciplinario. En los casos relativos a género o diversidad, las denuncias se ingresan por las mismas vías, tras lo cual la Dirección de Género las envía a Vicerrectoría Académica, unidad que activa el proceso enviando un visto bueno a la Secretaría General, para que dicte resolución de inicio de procedimiento y encargue a la Fiscalía su ejecución.

Etapa indagatoria

En cuanto a la etapa indagatoria, las abogadas explican que las investigaciones sumarias toman aproximadamente 90 días hábiles, pero si el caso se eleva a sumario, unos 5 a 6 meses. En dichos lapsos, evalúan las pruebas presentadas y los antecedentes de la persona acusada en forma exhaustiva, porque necesitan arribar a una plena convicción. 

Al cabo de esta etapa, las alternativas son la absolución (inocencia), el sobreseimiento (la prueba no es contundente) y las sanciones (la denuncia está comprobada). 

En este último caso, las sanciones pueden ser: (1) censura en la hoja de vida, (2) multa, (3) separación temporal de funciones con goce parcial de remuneraciones y (4) destitución.

La repartición se encarga de investigar y proponer a las autoridades una solución, porque la ley entrega la facultad de la sanción a la máxima autoridad. La titular de la Fiscalía Universitaria recalca que  “el rector debe pedir a la Dirección Jurídica que emita un informe, donde diga que el procedimiento disciplinario está bien tramitado, o también puede re abrirlo si cree que hicimos mal nuestro trabajo, o que nos faltó investigar algo”. Así también el rector puede rebajar la sanción.