Contralor Bermúdez abordó “falta de regulación” en manejo de seremías y gobiernos regionales

Inmediatamente tras la bienvenida de la comisión al contralor general, Jorge Bermúdez, la Región de Magallanes surgió como primer punto luego que la autoridad nacional expresara su “sorpresa y desazón” por cuestionamientos a funcionarios de su repartición en Punta Arenas.

“Quisiera decir que esta es la tercera vez que comparezco, por eso manifestar mi sorpresa y desazón al escuchar que se hizo referencia poniendo en tela de juicio la probidad y honorabilidad de funcionarios de esta misma institución (Contraloría) por labores docentes. Decir que la realización de labores docentes es un derecho que tienen los funcionario públicos, no es una prerrogativa, no una concesión graciosa que pueden hacer, y en muchas regiones son ellos quienes sostienen muchas cátedras como ocurre en Magallanes”.

Por lo tanto, agregó, “si había alguna duda de eso, me lo hubieran planteado directa y personalmente. No me cabe ninguna duda la honorabilidad, la integridad de mis funcionarios y, en particular, de los funcionarios de Magallanes. Porque existen los mecanismos legales de abstención, aunque pudiera existir aunque fuera potencialmente un conflicto de intereses. En ese sentido aquí está la respuesta al oficio que se nos manifestó”.

Y aunque Bermúdez no profundizó más en en este punto, sus dichos estarían vinculados a lo señalado hace algunos días por la diputada republicana Chiara Barchiesim, quien  en el marco de la comisión mencionó que existen antecedentes que dan cuenta que el jefe jurídico de la Contraloría Regional de Magallanes trabajaba en paralelo en la Umag. “En ese momento la decana de Derecho en la facultad donde él trabajaba era nada más y nada menos que la hermana del gobernador regional. O sea, el jefe jurídico de la Contraloría mientras hacía clases estaba en paralelo fiscalizando a la Universidad de Magallanes y al Gobierno Regional. Hasta ahora no ha habido ninguna sanción ni ningún sumario al respecto”, dijo en la oortunidad la parlamentaria.

Sólo Aysén sin auditar

Ya de lleno en el tema investigado en la comisión, el contralor general indicó que Aysén fue la única región donde no se realizó una auditoría “porque ahí no existen transferencias”.

Luego ahondó en la serie de irregularidades detectadas en los traspasos de recursos públicos a organizaciones sin fines de lucro desde las secretarías regionales ministeriales de Vivienda, en lo que tiene que ver con el programa de Asentamientos Precarios.

En esta arista del caso Convenios, detalló que los informes derivados a la Fiscalía correspondieron a Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos, involucrando a 19 fundaciones en el periodo 2021-2023.

Entre las irregularidades detectadas, aparecen la falta de procedimiento formal para selección de las entidades que ejecutarán los proyectos del programa en cuestión; asignación directa de iniciativas de inversión a entidades ejecutoras sin fundamentación; falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos estimados de cada proyecto, que fundamentan el monto de la transferencia; y ausencia de cauciones para el cumplimiento de los convenios de transferencia.

Siempre en el punto, dijo que sólo en la seremi de Vivienda de Antofagasta y O’Higgins se constató la presencia de personas contratadas por fundaciones que se desempeñan en dependencias del Serviu o del Minvu.

Bermúdez, mencionó también la constatación de falta al deber de abstención y eventual vulneración al principio de probidad en las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule y Biobío.

Gobierno regional

de Magallanes

La segunda arista tuvo que ver con los gobiernos regionales.

Aquí, el contralor general sostuvo que se contó con antecedentes de Antofagasta, Atacama, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Lagos y Magallanes, los que arrojaron una serie de observaciones.

Sin detallar los casos en particular, dio cuenta de la inexistencia de manuales y procedimientos relacionados con transferencias de recursos a fundaciones, corporaciones y ONG. Asimismo, se reparó en la falta de un procedimiento formal para la selección de las entidades que ejecutarán los proyectos de inversión.

Bermúdez dijo que, además, hubo ausencia de procedimiento de selección y clasificación de las iniciativas de inversión a las entidades ejecutoras; falta de oportunidad en la dictación del instructivo; y falta de fundamento en la asignación directa de iniciativas de inversión a entidades privadas ejecutoras.

Agregó que uno de los puntos más sensibles tuvo que ver con la forma de selección de entidades. Aquí se detectó debilidades en el proceso de asignación de recursos de las iniciativas de inversión y falta de análisis respecto de competencias de fundaciones.

Más aún, también se observó aprobación de iniciativas que no cumplían con los requisitos establecidos para su asignación; la falta de mecanismos objetivos para la asignación de puntaje; y hasta la falta de exigencia de antecedentes requeridos en el proceso de postulación.

Sumado a esto, se comprobó la asignación de recursos a fundaciones que mantenían rendiciones pendientes e inconsistencias entre giros de actividad económica en Servicio de Impuestos Internos.

Sobre si el actuar respondió a un posible “modus operandi”, Bermúdez fue enfático: “A nosotros no nos corresponde decir si hubo un mecanismo, pero la falta de regulación permite que el virus de la corrupción se pueda propagar”.