Inician proceso participativo para modernizar Ley 20.500 sobre Consejos de la Sociedad Civil

En un encuentro realizado el pasado viernes en el Liceo Sara Braun se buscó generar diálogos con juntas de vecinos, clubes de adultos mayores y consejos de la sociedad civil de las distintas comunas de Magallanes. Esto se realizó en el marco de la visita de un equipo de la División de Organizaciones Sociales para instalar un espacio participativo y levantar información sobre distintos aspectos de la Ley 20.500. Se trata de una iniciativa a nivel nacional para realizar diálogos sobre esta ley con el fin de reformarla.

Según señala el director de la División de Organizaciones Sociales, Ignacio Achurra, como gobierno presentarán durante 2024 un proyecto para modernizar esta ley de participación. “El tema de fondo tiene que ver con cuán incidentes o potencialmente resolutivos pueden ser los Consejos de la Sociedad Civil (Cosoc)”.

En ese sentido, Achurra plantea que “creemos que es posible definir de manera más clara cuáles son las atribuciones que tienen los miembros de los Cosoc, de manera que no suceda lo que muchas veces pasa que los dirigentes y representantes participan en espacios y no necesariamente sus opiniones son recogidas. Y por otra parte las propias autoridades ven esto como un espacio que nutre las miradas respecto de las determinaciones que deben tomar, pero tampoco tienen demasiado claro en qué ámbito pueden delegar la responsabilidad de tomar esas decisiones”.

Apuntan a igualar las condiciones respecto de la participación de los mismos representantes de la sociedad civil. “Respecto al funcionamiento de los Cosoc, no hay mecanismos de financiamiento que permitan que quienes participan en estos puedan asistir de manera presencial y esto genera un problema porque hay dirigentes sociales que tienen que conectarse vía remota y que quedan en una desigualdad respecto a quienes pueden estar presentes y asisten en forma presencial”.

Protección a
dirigencias sociales

En paralelo, hace un mes fue presentado a la Cámara de Diputados por la ministra Camila Vallejo un proyecto de ley que busca elevar las penas a quienes cometan delito de lesiones y amenazas contra dirigentes y dirigentes sociales. Se trata de otorgar mayores protecciones legales a representantes de distintas comunidades para incentivar la participación en estas funciones.

“No puede ser que dirigentes sociales estén dejando de ejercer su función de representación porque la delincuencia los pone bajo amenaza o los agrede”, señala Achurra.

Según menciona, “el proyecto cuenta con bastante apoyo de todo el espectro político. Hay una serie de proyectos de ley que hoy son ingresados que precisamente buscan dar protección especial a los dirigentes atendiendo al rol público y social que cumplen de manera fundamental. Creemos que el proyecto debería avanzar con cierta agilidad”.