“Hay temas que plantea Contraloría que son inexactos y lo vamos a responder”

• El jefe comunal hizo presente que el municipio tenía contratado un abogado por $2 millones, “pero se retiró y la asesoría actual es una empresa que presta servicios y consta de 3 abogados más una secretaria, y ése es el costo de cinco millones mensuales”. 

“Contraloría incurrió en un equívoco y lo vamos a responder”, afirmó el alcalde de Porvenir, Gabriel Parada, ante el dictamen que cuestionó la contratación del estudio jurídico Carlos Contreras Quintana y Cía. Ltda. para prestar servicios a la municipalidad fueguina, el salario que percibe su empresa jurídica y una breve subrogancia en el Juzgado de Policía Local, resolución que respondió a una presentación con reserva de identidad. “Hay varios temas que plantea Contraloría que son inexactos”, aseguró el jefe comunal.

“Vamos a responder como corresponde. Contraloría siempre está apelando por contrataciones y compras, algo rutinario y normal que hace con todos los servicios, como es su deber. Pero no estamos de acuerdo con las observaciones que nos hace en este caso”, planteó Parada. Explicó que cuando llegó al municipio había un abogado y se contrató otro, lo que representó desembolsar $5 millones entre ambos y luego, el primero se retiró.

“Y nos vimos en la necesidad de empezar una asesoría que nos permitiera dar respuesta no sólo al orden interno, sino también a licitaciones, contratos y demás requerimientos de orden externo. Contraloría cuando manda sus oficios pide que uno responda con informe jurídico, o sea, tiene que tener un abogado. Contraloría dice ‘porqué no se contrata directamente en la municipalidad’, pero se debe recordar que la planta que se hizo en 2018 no se incluyó el cargo de abogado”.

“Asesoría especializada”

“Es decir, como Concejo y como alcalde no tengo la facultad para llamar a concurso y es por eso se opta por otras figuras y una que existe en el portal de Mercado Público son las ‘asesorías especializadas’, que pide justificar de buena manera que en la comuna no existe el servicio y tiene una diferencia con los otros servicios, y ésta es que el abogado Contreras Quintana es especialista en derecho municipal. Eso nos da la certeza que nuestros actos administrativos y los actos hacia afuera tengan una buena asesoría”.

“Ahora, cuando señala que salta de dos millones de pesos a 5 millones, ¡es obvio!. Nosotros teníamos un abogado contratado por $2 millones. Pero la asesoría actual es una empresa que presta servicios y consta de 3 abogados más una secretaria, y ése es el costo de cinco millones mensuales. Con eso aseguramos que todos nuestros requerimientos puedan ser contestados, entregados y asesorados en los tiempos que nos piden”, detalló el edil.

“Recordemos que Contraloría a veces nos da 5 días para contestar sus oficios, tenemos que tener una persona dedicada a eso. Y en época electoral, como es ahora, llega una serie de requerimientos que sabemos que va a ser normal, donde encuentran distintas situaciones, pero ¡bueno! debemos responderle y eso lo tiene que hacer un abogado en asesoría especializada, como el que tenemos”. Sobre la subrogancia de Contreras en el Juzgado de Policía Local, en que se cuestionó que el abogado viva en Punta Arenas, el alcalde isleño afirmó que la terna fue aprobada por la Corte de Apelaciones, que es la que pide subrogar.

Error sobre la verdadera subrogancia

“Y la subrogancia en primer término fue de la abogada Alejandra Callahan, el año pasado, que estuvo en la terna y cumplió cuando la magistrada salió de vacaciones. Ahí hay un tema que no se condice con la realidad, así que estamos tranquilos. Vamos a responder y pedir que se revise el informe de Contraloría, que sabemos siempre tiene la mejor disposición, así que esperamos que se resuelva de esa manera”, finalizó Gabriel Parada.

Concejal Soto exige cesar contrato con empresa de Carlos Contreras

“El contrato con Carlos Contreras Quintana y Cía. Ltda. debe terminar de manera inmediata”, planteó el concejal Carlos Soto. “Tras el informe de Contraloría General de la República, que se pronunció respecto al procedimiento de contratación de asesoría jurídica en la Municipalidad de Porvenir, de su improcedencia legal, me manifiesto preocupado por las eventuales faltas a la probidad del caso”, reflexionó.

Soto cree que Contraloría señaló expresamente que el cargo de asesor jurídico debe ser desempeñado por un funcionario municipal y no por terceros ajenos a la administración, y que se exige a la Municipalidad de Porvenir adoptar las medidas necesarias para ajustarse a la normativa vigente. “Es decir, el contrato celebrado con la empresa Carlos Contreras Quintana debe ser terminado de manera inmediata e informado a Contraloría”, enfatizó.

Carlos Soto cree que se constató manifiesta ilegalidad en la contratación de Contreras y su firma. “En consecuencia, esperamos que en sesión del próximo Concejo Municipal, el señor Contreras ya no se encuentre prestando servicios al municipio de Porvenir”, advirtió. Añadió que si el alcalde determina continuar dicho contrato “significa que no considera las decisiones del ente de control e incurre en notable abandono de deberes, lo que implica causal de destitución”.

A la ilegalidad en la contratación, “por cuanto ejerce funciones propias de un funcionario y no de terceros ajenos a la administración pública, Contraloría cuestionó el monto mensual de pago a la señalada empresa, el doble de lo que corresponde a un cargo de similar jerarquía de un funcionario, cuestión que debe explicarse en las instancias judiciales correspondientes”, previó.

Consultado si será quien inicie acciones judiciales, el edil respondió: “Aún faltan antecedentes para tener claridad sobre presuntos delitos que pudiesen haberse cometido y sus responsables, y es importante ver cómo reaccionará el alcalde frente a la exigencia de Contraloría. El plan es avanzar en claridad en este asunto, utilizando los mecanismos jurídicos prescritos en la Ley que incluye, de ser necesaria, la interposición de la correspondiente querella o denuncia ante las autoridades con competencia en lo criminal, a fin de investigar la posible comisión de delitos que afecten a la probidad pública”.