Adoquines: el que explica se complica
Arturo M. Castillo Cabezas
Tomando el titular del artículo publicado en este medio el día lunes pasado, más varios comentarios recibidos, hay que concluir que mi crónica del domingo anterior -que no fue una “opinión”, asunto que el Departamento de Comunicaciones municipal no sabe distinguir- efectivamente sacó roncha, pero el comunicado que con justo derecho se nos hizo llegar no hizo más que refrendar eso de que las explicaciones agravan la falta.
Hay que reconocer que, efectivamente como ellos señalan, yo me referí al costo total de una obra, que incluyó los famosos adoquines y cuya reparación no se sabe en qué medida impacta sobre el presupuesto original, dado que no es llegar y tomar quirúrgicamente un adoquín y reemplazarlo sin afectar a nada más. Pero si bien se le puede conceder importancia a ello, lo que de veras le importa al Sr. Moya, aunque no sea interés de quienes se hacen los ofendidos, es que ellos tienen el deber de cuidar hasta la última chaucha que les confiamos los contribuyentes, y es más que evidente que eso -que ni mencionan ni se ve que le preocupe al “Departamento Comunicacional”- es el meollo de la crónica. Pero ya que ellos hacen sus precisiones y pretenden achacarme otras a mí, habrá que ir de nuevo al asunto por dos razones: la primera es que me parece de rigor señalar que tal como se señala en la nota que dio cuenta de los descargos, la crónica está firmada por mí, y me parece justo aclarar que no necesariamente es la posición del diario, aunque la Editorial y la sección “Semiserio” de ese mismo día, también tocaran el tema, cosa que no provocó escozor alguno.
Se me acusa de aludir, imprecisamente, disposiciones legales que me tomé el trabajo de citar entre comillas, por lo tanto, de imprecisión, nada; las pueden buscar y corroborar. Otra cosa es que a diferencia de quienes estamos en la minoría que entiende lo que lee, no puedan o no les acomode entenderlas. En todo caso, les puedo recomendar el Libro I de nuestro Código Civil, donde están las normas de exégesis aplicables, no les voy a dar la lata citándola, porque además es presunción de derecho el que todas las conocemos desde que se publicaron.
De modo que para evitar se piense nuevamente en “opiniones”, trataré de limitarme sólo a hechos:
Hecho 1: Debo rectificar las responsabilidades cargadas al Dom, toda vez que, revisadas las bases de licitación, las especificaciones técnicas, el acta de evaluación y el decreto de adjudicación, no hay mención alguna que permita acreditar la participación de este en el desaguisado. El problema está con que si efectivamente éste no cumplió con disposiciones citadas la semana pasada, y la obra se realizó sin su visado, se daría el caso previsto en la Ley General de Urbanismo y Construcción, en su Artículo 14° “Los Directores de Obras y Asesores urbanistas deberán representar al Secretario Regional de Vivienda y Urbanismo y a la Contraloría General de la República las acciones ilegales del Municipio, que vulneren las disposiciones legales y reglamentarias que les corresponde aplicar”.
Hecho 2: Tanto las bases de licitación como las especificaciones técnicas (EE.TT.), fueron firmadas por personas que no tienen los títulos que exige la ley para formular esta clase de proyectos, aunque existe una disposición que permite que profesionales distintos, pero, con experiencia superior a dos años en la materia, puedan realizarlos. El problema aquí es que la persona que firmó los citados documentos y además los planos no tiene título de profesional, sino de técnico, y los otros profesionales son el alcalde que tiene título profesional de abogado, y el director de la Secplan que es ingeniero comercial, con experiencia previa como gerente en un gremio del sector construcción, lo que no sabemos si incluyó formulación de proyectos del ramo. Tema para Contraloría, supongo.
Hecho 3: Hechas algunas indagaciones, me he informado de que el material se presentó y se validó por parte de la Dom, con registro en el libro de obras, como corresponde. Es más, está registrado también por correos electrónicos y por libro de obra, que se indicó a la Dom que el material no era el idóneo, también se presentó un presupuesto de obra alternativa, que consideraba hacer la totalidad con hormigón estampado, tal como el resto de la plaza. Pero se rechazó y se exigieron los adoquines amarillos. Es más, los adoquines rojos y grises, no presentan daño, pues su composición es distinta. También se habrían presentado varios presupuestos por aumentos y disminuciones de obra, para remediar en parte la mala formulación del proyecto; sólo se aprobaron algunos, los más necesarios según criterio de la Dom. Tema para quienes asuman de verdad su rol fiscalizador. (Ojo: que la Dom haya participado de asuntos de la ejecución, no acredita que haya visado el proyecto, como debió).
Hecho 4: Las propias EE.TT. hechas por la municipalidad señalan que la Inspección Técnica de la Obra (Ito) “…estará facultada, entre otras atribuciones: para rechazar materiales llegados a la obra que no cumplan las especificaciones pertinentes…”. El problema aquí es que en las EE.TT. no hay ningún detalle sobre dureza, resistencia, granulometría y demás que pudieran determinar las cualidades del material, pero en todo caso si efectivamente el contratista representó que los adoquines amarillos no servían, habrá que ver por qué la Ito permitió su instalación.
Hecho 5: Las mismas EE.TT. señalan respecto del Libro de Obra: “Este libro deberá establecer todos los eventos importantes a lo largo del desarrollo de la obra y particularmente aquellos relacionados con las certificaciones de calidad de los materiales y resultados de pruebas y análisis a que deberá someterse determinadas obras, según las Especificaciones Especiales y Generales”. Todo indica que esto tampoco se cumplió.
Hecho 6: El Departamento de Comunicaciones municipal, en sus descargos, aduce que, en lugar de usar el sustrato de arena que disponían las especificaciones, el contratista hizo otra cosa. El problema es que la propias EE.TT. señalan que la Ito podrá “suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento de las obras, se realicen en forma descuidada o con peligro para personas o instalaciones, o no se tomen las muestras prescritas; exigir ensayos especiales cuando a su juicio sean necesarios; a ordenar la paralización y eventualmente la demolición a costa del Contratista, cuando no se hayan cumplido los requisitos especificados en resistencia, dimensiones, ubicación y calidad de los materiales y obras ejecutadas”. ¿Por qué la Ito no ejerció sus facultades y dejó que el contratista hiciera lo que quiso? Tal vez porque no había especificaciones técnicas que hacer cumplir, pero eso es especulativo.
Hecho 7: Parte de las eruditas “especificaciones técnicas” de los adoquines redactadas en apariencia por quienes tuvieron a cargo elaborar las EE.TT. dice: “Como bien dice su nombre “cantera”, es extraída de manera natural donde su proceso de corte artesanal hace que sus medidas varíen desde los 12 cms hasta los 18 cms, haciendo que entre un promedio de 40 unidades por m2. En otros casos puede ser de “río”, que su nombre nos indica su procedencia, siendo de una combinación de 7 tipos de colores diferentes, todos similares de medidas y cantidad por m2…”. Si el lector está interesado en conocer más de esas EE.TT., no es necesario que las pida a la Municipalidad, basta visitar el sitio Web https://www.instalamos.cl/adoquin-piedra-instalacion-en-3-sencillos-pasos/ que es de donde se copió y pegó la “especificación” -aunque en las EE.TT. no se mencione- y que son de un proveedor con cantera y operaciones en el centro del país, donde las condiciones ambientales son totalmente distintas. Ignoro si este mismo fue el proveedor del material de marras, pero si revisan, no hay nada salvo dimensiones, que califique como EE.TT que la Ito pudiera contrastar.
Hecho 8: El Departamento de Comunicaciones del municipio hace notar como gran cosa el que se encargó un estudio técnico sobre los adoquines, aunque no menciona si ya hubo resultados, lo que carece de toda importancia, porque los ensayos de materiales se deben realizar durante la obra, para ver si cumple las EE.TT. exigidas. A estas alturas, para nosotros, los deudos del Sr. Moya, no tiene más valor que una autopsia.
Y bueno, hay más, pero el diario no es mío, así es que cerraré esta “no opinión” ahora, aportando dos notas positivas:
Uno: Quienes escribimos públicamente siempre estamos en las incógnitas de si nos leerá alguien y si le importará algo lo que decimos. Ambas me han sido resueltas gracias a la comprobación empírica de que, al menos, en el Departamento de Comunicaciones de la I. Municipalidad local, tengo lectores acuciosos.
Dos: Mis escritos son tan motivadores como para que algunos funcionarios municipales renuncien a su merecido descanso dominical y corran presurosos a redactar notas de desagravio abandonando el seno familiar. Me parece fantástico, porque supongo que ello no engrosará el abultado monto de horas extraordinarias municipales, de que nos informamos hace poco, y posibilita que otros resultados atorados en la “permisología”, sean prestamente resueltos con un poco más de sacrificio dominical.
Corolario: Ya sean $10 millones o $1.000 millones de pesos los que se desperdiciaron, es plata que todos nosotros aportamos con una de cada cinco hallullas que compramos, entre otros impuestos, y merecen respeto y cuidado, mismos que al Departamento de Comunicaciones -también pagado con nuestras hallullas- no parecen importarles. No es que sea novedad.
