Fisco deberá indemnizar en 225 millones de pesos a tres hermanas detenidas durante protesta en 1984
Corte de Apelaciones de Punta Arenas echó abajo otro fallo absolutorio dictado por el titular del Segundo Juzgado de Letras, Claudio Jara Inostroza, en una causa de derechos humanos, luego de que manera sistemática ha acogido la “excepción de prescripción extintiva” invocada por el Consejo de Defensa del Estado para no dar lugar a las demandas indemnizatorias presentadas por ex presos políticos.
Contrariamente, la Primera Sala, integrada por los ministros Inés Recart, Jaime Alvarez y el fiscal judicial Pablo Miño, acogió la demanda de indemnización de perjuicios presentada y le ordenó al fisco pagar una indemnización total de $225.000.000 por concepto de daño moral, a las hermanas Nadia, Rosalba y Sandra Parra Millatureo, detenidas ilegalmente en marzo de 1984 y sometidas a torturas en la Primera Comisaría de Carabineros de esta ciudad.
De esta manera, el tribunal superior revocó la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas que acogió la excepción de prescripción extintiva deducida por el fisco, tras establecer que las hermanas Parra Millatureo fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles tanto en sede penal como civil.
La resolución señala que las hermanas fueron “detenidas en el mes de marzo de 1984, recibiendo malos tratos de parte de Carabineros, trasladadas a la Primera Comisaría de la ciudad, y posteriormente, a la cárcel, para ser luego liberadas, habiendo transcurrido un periodo de tiempo no superior a 30 días”.
En consecuencia, se condena al fisco de Chile a pagar una indemnización a favor de las demandantes, Rosalba, Nadia y Sandra Parra Millatureo, ascendente a la suma de 75 millones de pesos, para cada una de ellas, monto que se pagará reajustado de acuerdo a la variación que experimente el índice de precios al consumidor, calculado desde la fecha en que se encuentre firme o ejecutoriada esta sentencia y hasta el pago efectivo de la indemnización.
La causa civil patrocinada por el abogado Juan José Srdanovic, fue presentada en mayo de 2022, demandando el pago de los perjuicios sufridos por las tres hermanas, tras los hechos ocurridos en la tarde del 27 de marzo de 1984 en el centro de Punta Arenas. En circunstancias que Rosalba, trabajadora de casa particular, se manifestaba de manera pacífica junto a sus dos hermanas Nadia y Sandra, ambas alumnas en ese entonces del Liceo María Behety, en el sector de Avenida Colón con Chiloé, en contra de la dictadura de Pinochet, cuando llegó un piquete de Carabineros que las detuvo a “palos”, se señala. Ya a bordo de un bus de Carabineros, los efectivos de Fuerzas Especiales les propinarion bastonazos en las espaldas, las piernas y en la cabeza, y recibieron una serie de amenazas, señalándole los carabineros que eso les pasaba por ser unas “comunistas de mierda”.
Rosalba relata en el proceso, que trasladadas al calabozo de la Primera Comisaría, en calle Waldo Seguel, había unos 45 detenidos, reconociendo entre ellos al dirigente sindical del Petróleo, Clemente Gálvez, para ser derivadas al día siguiente a la cárcel pública.
Como consecuencia de los hechos denunciados, la parte demandante postulaba una reparación de 200 millones de pesos respecto de cada una de las hermanas, por los delitos de secuestro, torturas y confinamiento vividos por la detenidas, en los calabozos de la Primera Comisaría de Carabineros y en la cárcel pública.
